La entidad examinará las cuentas de Alianza PAIS, además de los procesos contra Iván Espinel y Carlos Ochoa.
El contralor (s) general del Estado, Pablo Celi, ha pedido al presidente de la Corte Constitucional (CC) evaluar el desempeño de las juezas Tatiana Ordeñana y Marien Segura, quienes se excedieron en el plazo de 20 días para resolver sobre la legalidad de las preguntas que se someterán a consulta popular el próximo 4 de febrero.
El pedido de Celi tiene origen en el decreto en que Lenín Moreno convocó a consulta popular, el pasado 29 de noviembre, donde pedía a la Contraloría evaluar sanciones ante la demora que impidió que la CC se pronuncie sobre las preguntas y los Amicus Curiae presentados.
Además, Celi, en un memorando del 11 de diciembre, ordenó examinar las cuentas del movimiento Alianza PAIS (AP), en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2011 y el 30 de noviembre de 2017, ya que el Fondo Partidario Permanente fue entregado por el Consejo Nacional Electoral, es decir, es dinero público. Esto, luego de que Ricardo Zambrano, el secretario general de AP, alertara sobre la desaparición de 600 mil dólares que, según su antecesora, Gabriela Rivadeneira, se usaron para pagar deudas y capacitación.
“El objetivo es verificar que este fondo, entregado a la organización política Alianza PAIS Patria Altiva y Soberana, se haya utilizado en cumplimiento a las disposiciones legales que enmarcan estos procesos”, señala el oficio de Celi. Además de estos casos, la Contraloría viene examinando la gestión de importantes entes del Estado, como el desempeño del expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Richard Espinosa, el exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel y el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, exdirector de noticias de Gama TV. (MMD)