Fredy Rodríguez
El alguacil ha sido alguacilado. Ya desde sus épocas de periodista, cuando saltó de los reportajes de los noticieros a la dirección de uno de ellos en un canal de televisión incautado por el Estado, de aquellos que se ofrecieron vender inmediatamente, pero que hasta ahora no se lo hace, desde aquel tiempo, mostró su animadversión hacia los medios de comunicación, llegando inclusive a calificar como “miserables” a varios de sus colegas periodistas, cuyas noticias o comentarios molestaban al detentador del poder de ese entonces, ante quien el futuro alguacil se postró y le juró amor eterno desde donde esté.
Promulgada la Ley Orgánica de Comunicación, ese esperpento jurídico ideado para perseguir a los medios, para impedir investigaciones serias sobre actos de corrupción, con el pretexto de “contextualizar”, “verificar” o “contrarrestar” la noticia antes de difundirla, ley creada para sancionar indiscriminadamente a los medios por quítame esas pajas, por no acatar los designios del poder, obligándolos a publicar “rectificaciones”, el mentado alguacil accedió al más alto cargo de la entidad ideada para esas protervas finalidades y, con su risa sarcástica, imitando los modos y maneras de su mentor, el otrora gran jefe de la revolución, el alguacil se solazó sancionando indiscriminadamente a periódicos, radios y televisoras, llegando al límite de lo absurdo de exigir aclaraciones a caricaturistas, o exigiendo que un canal transmita una rectificación previamente grabada, para contrarrestar la opinión que dio una asambleísta en una entrevista, pero cuando el canal lo invitó al mismo espacio el alguacil se negó a concurrir, y puso en marcha el engranaje inquisidor, convirtiéndose en agraviado, denunciante y juez.
El alguacil ha sido ahora alguacilado por la Contraloría, y aunque constitucionalmente se presume su inocencia, como debe ser, salen a la luz graves hechos que generan sospechas sobre supuestos abusos cometidos en la estación televisora donde antaño laboró, denuncias que, de ser ciertas, le acarrearán graves consecuencias, que podrían llegar hasta la destitución del oprobioso cargo de gran inquisidor de la revolución ciudadana.