Jaime Vintimilla
Conforme a la Constitución, “la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional”. La nacionalidad se adquiere de forma originaria o de manera derivativa, es decir, se obtendrá por nacimiento o por naturalización.
En el caso Assange ha operado la naturalización. Ecuador le ha concedido al australiano la gracia de ser considerado natural del país. Más allá de los deslices previos para otorgarle el asilo, le asiste el pleno derecho que le permite a todo ciudadano que cumple con los requisitos, solicitar, conforme la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana e instrumentos internacionales la carta de naturalización.
El artículo 34 del Convenio sobre refugiados dispone que “los Estados contratantes facilitarán, en la medida de lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados”. Por su parte, conforme al artículo 77 de la ley orgánica de movilidad humana que mantiene la tendencia de la ley de naturalización anterior, “la concesión de la carta de naturalización es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva”. El Estado ecuatoriano debía facilitar la adquisición de documentos de identidad y de viaje para que el asilado no sea objeto de persecución y discrimen.
El Gobierno ha desconocido la jurisprudencia y el hecho de que, desde el punto de vista sustantivo, incluso los certificados de nacionalidad, cuyo contenido es auténtico de conformidad con la legislación nacional del Estado de donde proceden podrían ser examinados y, de ser necesario, revisados por órganos o tribunales internacionales que se podrían pronunciar sobre su improcedencia.
Así en casos de fraude de la ley o sencillamente si se hubiere emitido la carta a modo de complicidad para proporcionar protección diplomática a la que de otra manera no se tendría derecho. El conceder la naturalización es un acto soberano que además debe ser oportuno gracias al análisis del derecho constitucional, los derechos humanos y la afectación a las relaciones internacionales.