Desde Caracas, Rafael Uzcátegui, director de Provea, analiza el asesinato del policía Óscar Pérez y su grupo.
¿Cómo se sostiene documentalmente la tesis de la ejecución extrajudicial de Óscar Pérez?
En Venezuela, la información de interés público se maneja como secreto de Estado y en este caso, salvo una declaración de Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, no hay mayor información. Los elementos que hay son varias llamadas en video realizadas por Óscar Pérez, en las cuales afirmaba su intención de entregarse a las autoridades, porque estaban bajo asedio. Seguidamente hay videos sobre el uso desmedido de la fuerza. En un Estado de derecho, bajo la intención del grupo-comando de entregarse, lo que debió ocurrir es una mediación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
¿Actuaron paramilitares?
Hay un tercer elemento: la participación de civiles ajenos a los grupos de seguridad del Estado, lo cual reitera nuestra denuncia sobre la participación de grupos paramilitares en labores de orden público. Una de las personas que fallece en el operativo Gedeón fue miembro de un colectivo. Estos elementos sugerirían la posibilidad de que hubiera una ejecución extrajudicial.
¿Por qué el Gobierno no entrega los cadáveres a sus familiares?
Lo que presumimos, como organización defensora de DD.HH., es que cualquier investigación forense diera indicios sobre si hubo tiros de gracia o disparos a corta distancia. Aquí no se quiere determinar la naturaleza de los hechos. Hay una versión que afirma que había la disposición de exterminar al grupo de Pérez a toda costa. Por eso creemos que se quiere impedir que haya evidencias que pueda revelar los hechos.
¿Cómo interpreta la omisión del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo? ¿Las instituciones se alinearon a un guión para acabar con los insurgentes?
Lamentablemente en Venezuela no tenemos instituciones independientes. La Fiscalía y la Defensoría hoy están dirigidas por personas designadas por la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual ha dado un perfil particular a estas instituciones. El Gobierno ha construido una narrativa que califica como terrorista a la figura de Óscar Pérez y desafortunadamente estas dos instituciones han estado avalando ese discurso. Esto es lamentable, además, porque la Defensoría está dirigida por Alfredo Ruiz, quien hizo carrera de defensa de DD.HH. precisamente denunciando ejecuciones extrajudiciales y ahora guarda un silencio bastante estruendoso. Él forma parte de los antiguos activistas que hoy forman parte del Gobierno y callan.
Parece que la oposición no respaldó a Pérez y tras su muerte se ha mostrado fría. ¿Qué piensa Ud.?
La política comunicacional de la oposición ha sido bastante errática y eso ha contribuido a la desconfianza de la población. Y aquí el mensaje que ha emitido el Gobierno no solo es contra Óscar Pérez sino en general para toda la población, en el sentido en que quien quiera desafiar a la autoridad será exterminado físicamente, como ya la ha reiterado Nicolás Maduro. Aquí la reiteración de que la pena de muerte existe por la vía de los hechos es muy grave y ameritaría una declaración de los actores políticos, lo cual no significa una adhesión a la figura de Pérez. Él era una persona que, como cualquiera, tenía derechos. Hay una comisión de la Asamblea para investigar los hechos, pero no hay una vocería unificada. Lo único en lo que han podido consensuar es el no hablar sobre el tema, salvo asambleístas como Delsa Solórzano y Manuela Bolívar. Sin embargo, el silencio sigue siendo muy atronador pese a la gravedad de lo sucedido.
¿Van a cremar los cuerpos?
Pareciera que eso va a suceder, pero eso es una violación de los derechos de los familiares que deben tener acceso a los restos de las personas asesinadas en El Junquito. Aquí hay que recordar lo que pasó tras la toma de la Embajada de Japón en Perú, en los 90. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que en un caso hubo ejecución extrajudicial, por lo cual se ha condenado al Estado peruano. Esta es una situación análoga con lo que ha ocurrido acá. Como organización de DD.HH. vamos a continuar exigiendo una investigación transparente.
Pérez era un ciudadano que se alzó en armas. Hay posiciones críticas que rechazan que se esté construyendo una falsa imagen de héroe. ¿Quién era él?
En 2017 tuvimos un proceso de manifestaciones mayoritariamente pacíficas. En ese contexto surge Pérez con una iniciativa de insurección armada. Tras la posesión de la Asamblea Constituyente, que logró derrotar a la manifestación popular, Pérez quedó como la figura beligerante que simbolizaba la necesidad de asumir una estrategia diferente, con la cual muchas personas empiezan a coincidir, por el cierre de otros canales de expresión. Nosotros hemos advertido que cuando se cierran los canales políticos, la resolución de conflictos da paso a la aparición de estas figuras. Pérez era un funcionario policial de carrera que dividió la opinión de la oposición, porque a pesar de que apeló a un ejercicio de insurección armada, la puesta en escena de sus proclamas generaba muchas dudas. Muchos pensaban que era parte de una estrategia del Gobierno para profundizar las divisiones en la oposición y aumentar el hostigamiento a los disidentes. Pero visto en retrospectiva, Pérez es otro ejemplo de una manera de hacer política que es consecuencia de ser un país petrolero, en el cual la improvisación y la falta de una base social real hace que se intente magnificar sus acciones desde los medios de comunicación. Así, la superficialidad que se pudiera endilgar a Pérez también corresponde a la oposición.
¿Tuvo eco en las FF.AA.?
El Gobierno temía que se generasen divisiones importantes en los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han producido sismas. Una de las estrategias de las protestas del año pasado fue tratar de dividir la opinión en las FF.AA. y ganar un sector para que se pudiera de lado de los manifestantes y las demandas por la democracia.
El presidente Maduro dice que la oligarquía de Colombia es responsable de la desestabilización del país. ¿Qué opina?
Esa es la respuesta de Maduro frente a la proactividad que ha tenido que asumir el Gobierno de Santos, debido a la crisis migratoria que ha generado la profundización de la emergencia humanitaria en Venezuela. El año pasado, el presidente Santos reconoció que existen 800.000 venezolanos viviendo en Colombia, lo que demanda muchos servicios públicos. Y las proyecciones indican que ese flujo continuará seis años más. Esto forma parte de la estrategia de Maduro de adjudicar los problemas de los venezolanos a enemigos externos, para no responsabilizarse de las decisiones que llevaron a la peor crisis de DD.HH. del país. (OGL-IFP)