Giuseppe Cabrera
El sistema de la democracia representativa se encuentra cuestionado, desde la tercera crisis del capitalismo, esta vez del financiero en 2008, y la consecuencia directa fue la desconfianza en el sistema político en su forma más difundida, la de la democracia representativa; ante la incapacidad del Estado de defender al pueblo de los poderes económicos del sistema, la gente ha dudado de la funcionalidad de un modelo en el que se delega la toma de decisiones de forma irrestricta a un político por 4 a 5 años de periodo, para que este político o partido toma durante todo ese tiempo las decisiones en nombre suyo en los diferentes estamentos y niveles del gobierno.
Así es que muchos de los ciudadanos se han volcado han demandar la ampliación de la democracia, el avance a un proceso participativo o incluso deliberativo en el ejercicio del poder; sin lugar a dudas las instituciones y los buenos paradigmas que nos otorga el sistema representativo deben ser primero afianzados e institucionalizados, pero eso no evita que a la par, podamos seguir instaurando nuevos mecanismos de participación ciudadana para que la gente sea participe del progreso de su comunidad y país.
Existe una variada gama de mecanismos de participación ciudadana, la mayoría con efectos inmediatos sobre la vida de los ciudadanos, en la gestión de los gobiernos locales, que es lo que primero apreciamos como una mejora directa de nuestros niveles de vida, y, están ahí para ser usados por los ciudadanos, la reducción economicista del debate, a cuánto cuesta o no realizar una consulta, es verdaderamente absurda, cuando los recursos que se usen para consultar al pueblo como es el país que queremos construir, pueblo dueño de los recursos que se van a usar, siempre van a ser justificables y necesarios, no hay mejor inversión que no sea la de preguntar al mandante cual es el mandato que disponen para los próximos años, pero a diferencia del sistema representativo, la democracia participativa demanda más de los ciudadanos, ciudadanía responsable de sus derechos y obligaciones, que debe informarse de forma crítica sobre los mecanismos que posee y sobre lo que se le consulta.