Los jueces y la seguridad jurídica

MESÍAS MESTANZA SOLANO

El más alto deber del Estado es respetar y hacer que se respeten los derechos y garantías consagrados en las leyes nacionales, en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos a través de nuestros magistrados y jueces, para que la vida, la integridad física, los bienes y el honor no sean violentados, y, de ocurrir, le sean reconocidos por medio de los órganos jurisdiccionales, con una reparación integral. La seguridad jurídica es un derecho de protección que garantiza el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; de ahí es que, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de la ley sin discriminación alguna, dado que todos somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones frente a las normas que regulan el comportamiento humano.

Cierto es que para la aplicación de la seguridad jurídica, debemos tener leyes previas, claras y públicas; pues en términos más técnicos diremos que la seguridad jurídica es la certeza del Derecho, para lo cual nuestros jueces deben estar preparados intelectual y jurídicamente, capaz de combinar la hermenéutica legal, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia para poner sus conocimientos al entero servicio del usuario de la justicia. Debemos reconocer que hoy más que nunca si tenemos jueces conocedores de la materia; pues han recibido mucha capacitación, a la par que por su cuenta han realizado sus diplomados y maestrías, cuyos conocimientos hoy si se puede notar en sus resoluciones, en cuya motivación hasta están exagerando, pero en todo caso cumpliendo con la ley. Debemos reconocer que no solamente hay que tener la razón en cada uno de los litigios, sino que el juzgador debe aplicar la ley con honradez, probidad, rectitud y sobre todo con sus sabios conocimientos, capaz de sostener su criterio expresado en cada una de sus resoluciones con la certeza propia de un juez estudioso y digno de llevar esa investidura de magistrado, que por supuesto es un honor y privilegio, porque su decisión tiene que cumplirse nos guste o no.

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