En principio se hablaba de perjuicio cercano a los 4 millones, pero la Fiscalía no pudo sostener la acusación.
La fiscal Elba Garzón se ratificó en su informe abstentivo a favor del exministro de Hidricarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y el exgerente de Refinación de Petroecuador Diego Tapia. Ellos eran los últimos de los ocho procesados con los que se inició este caso de supuesto peculado por la trama de corrupción en la estatal petrolera.
La jueza Paola Campaña, de la Unidad Judicial de Pichincha, estimó que, al haberse presentado ese dictamen, es evidente que se han desvanecido los elementos de convicción que sirvieron para dictar la prisión preventiva de los procesados, por lo que revocó esa disposición y ordenó la libertad de Yannuzzelli y Tapia. No solo eso: en la lista incluyó a Álex Bravo, quien tiempo atrás había sido beneficiado con un dictamen no acusatorio.
Sin embargo, los tres procesados no podrán recuperar su libertad por encontrarse a órdenes de otras autoridades por otros casos dentro de la misma trama.
Pareja y Bravo tienen dos sentencias a su haber, una por asociación ilícita y otra por delincuencia organizada. Tapia tiene una, por asociación ilícita.
La reacción de la defensa
Reinaldo Zambrano, abogado de Pareja, dijo que están convencidos de que “ahora sí la justicia es independiente”, pues se está viendo cómo en este mismo proceso se dictó el sobreseimiento en favor de su cliente “porque no existía ningún elemento de convicción”.
8
procesados iniciaron en este caso. Ninguno terminó acusado. De acuerdo con este profesional, tampoco se pudo demostrar que se actuó en conjunto para perjudicar al Estado. “Por el contrario, lo que se evidenció es que el contrato estaba vigente y correspondía a precios reales”, dijo Zambrano.
Agregó que, semanas atrás, la Corte Provincial no declaró la nulidad de esta causa por el contenido del sobreseimiento del que fueron objeto Pareja y Tapia, sino porque se habría dejado sin efecto la acusación particular de Petroecuador.
De su parte, Lenin Pérez, abogado de Tapia, opinó que “se ha hecho justicia”, porque desde un principio alegó que las conclusiones a las que arribó la Contraloría en su informe no determinaban responsabilidad alguna para su defendido. (LC)
Los antecedentes
° El proceso se inició contra ocho personas por la suscripción del contrato por 23’390.640 dólares entre la empresa Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica y Petroecuador para la recuperación de condensados en la refinería de Esmeraldas.
23,3
millones era el valor del contrato de la polémica. El supuesto perjuicio para el Estado del que se hablaba era de 3’700.000 dólares. Sin embargo, la Fiscalía no acusó a los exfuncionarios de Petroecuador Carlos Quinde, José Castillo y Héctor Robalino, ni al representante de la empresa fiscalizadora Worley Parsons, Raymond Falcón Jr.
A este dictamen se sumó un alcance en el que tampoco se acusó al exgerente de Petroecuador Álex Bravo ni al empresario Jorge Vivar.