Dentro de la trama de corrupción en Petroecuador hay desde ayer tres nuevos procesados. El delito acusado es tráfico de influencias para la celebración de cuatro contratos para la prestación de servicios de limpieza a la estatal petrolera.
En primera instancia, la audiencia para la formulación de cargos era por presunto peculado y así se desarrolló la investigación por casi dos años, luego de que la Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal en la suscripción de cuatro contratos entre la empresa Reyten y Petroecuador.
Hubo cinco señalados por la Fiscalía, pero ayer se formuló cargos contra tres: María Ayala, Julio Gómez y Nancy Jordán.
Sin embargo, lo imprevisto sucedió ayer. A última hora, el fiscal Juan Carlos Zúñiga se presentó en la audiencia y formuló cargos por tráfico de influencias, sancionado con entre tres y cinco años.
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personas estaban inicialmente vinculadas al proceso. El funcionario explicó que, según una pericia contable hecha en la investigación, por el momento no hay un perjuicio para el Estado, pero que ha pedido un alcance a ese informe.
En esta ocasión, los funcionarios acusados no ostentan puestos ejecutivos y, según la Fiscalía, habrían direccionado todo lo que estuvo a su alcance para que se firmaran esos contratos.
Zúñiga pidió la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la autoridad y el uso del dispositivo electrónico para los tres procesados, lo que fue atendido por la jueza Ana Lucía Cevallos.
La defensa
Los abogados de la defensa, Esteban Ballesteros y Rigoberto Ibarra, consideraron excesivas las medidas cautelares. Argumentaron que los procesados siempre colaboraron con la investigación.
También alegaron que sus clientes no firmaron los contratos que fueron motivo de examen de la Contraloría y lo único que hicieron es seguir las órdenes superiores, a las que no podían negarse. (LC)