Es la principal conclusión del informe de la Comisión Aampetra. Organizaciones de la sociedad civil lo evalúan.
El informe parcial de la Comisión Aampetra, en la Asamblea Nacional, identificó varios ‘nudos críticos’ que han permitido o permiten el abuso sexual a los niños en las escuelas y colegios. Los dos más importantes son: la falta de denuncia ante la Fiscalía por parte de los rectores y sus negligencias y omisiones al permitir que los profesores acusados sigan en las aulas.
En sus primeros siete meses de funcionamiento son 42 casos de este tipo los que se llegaron a conocer en esta mesa legislativa que lleva el nombre de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, del sur de Quito, donde un profesor violó sistemáticamente a 41 niños entre 2010 y 2011.
Pero el documento de 141 páginas que fue aprobado el 16 de febrero, gira en torno a lo sucedido en seis colegios, donde se recopila información obtenida mediante las versiones de familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas.
Se resalta la falta de acción por parte del Ministerio de Educación y de los operadores judiciales, e incluso son identificados los fiscales y los jueces que han dilatado procesos o fallaron, sin motivación, a favor de los acusados.
Para Diana Castellanos, coordinadora del colectivo Sentimos Diverso, que sigue de cerca esta problemática, el documento deja en claro que en estos planteles “hubo no solo omisión sino que se encubrió” a los agresores.
Lo que hay que hacer
En el documento se incluyen 29 recomendaciones, a modo de una ruta de prevención, de denuncia y reparación que deben ser implementadas en la institucionalidad pública, aunque no se logra identificar cuántas víctimas existen.
Sybel Martínez, del Grupo Rescate Escolar, lamenta que las responsabilidades se hayan determinado “hasta mandos medios” y que no se obligue al Estado en su conjunto a disculparse “por haber fallado a nuestros niños”.
“Parte de todo este proceso de reparación es, efectivamente, determinar culpabilidades. La impunidad perpetúa el abuso”, sostuvo Martínez al tiempo de señalar que los llamados a rendir cuentas son quienes ocuparon los máximos cargos en el sistema educativo.
Además, recordó que el Ministerio de Educación tiene registrados 919 casos de este tipo en los últimos tres años y que debería ser la Fiscalía el ente llamado a investigarlos. (RVD)
Aampetra
° Son 20 fallas en el ámbito educativo y judicial las que se precisan en relación a la Academia Pedro Traversari. El informe señala que las autoridades del plantel no solo que no denunciaron el hecho, sino que no ayudaron a las investigaciones, se resistieron a cumplir la sentencia para la reparación de derechos de las víctimas y no las protegieron, tratando de negar o minimizar lo sucedido.
Por su parte, la Dirección Provincial de Educación no investigó, en su momento, lo sucedido ni aplicó sanciones y la justicia actuó con “demoras injustificadas”.
Mushuk Pakari
° De la unidad educativa intercultural Mushuk Pakari, en Quito, no fueron sus máximas autoridades, como correspondía, sino el Departamento de Consejería Estudiantil el que denunció que 84 niños de entre 12 y 14 años fueron abusados por su profesor.
Pero la Junta Distrital archivó el caso “por falta de pruebas y restituyó al docente poniendo en peligro a los estudiantes”. El documento resalta que las autoridades judiciales han actuado con celeridad, aunque insiste en que “hubo negligencias por parte de las autoridades del Ministerio de Educación”.
Réplica Aguirre Abad
° Sobre lo sucedido en la unidad educativa Réplica Aguirre Abad, de Guayaquil, menciona que “se evidencia inacción y obstrucción a la justicia por parte de la rectora del plantel” ante la denuncia de padres de que decenas de niños de entre 6 y 8 años habrían sido abusados por cuatro sujetos que trabajan en la institución.
Observa que hay contradicciones en relación al número de víctimas y solo cinco denuncias. En tanto que el Director Distrital y la Junta Distrital de Resolución de Conflictos no ordenaron medidas de protección urgentes en favor de las víctimas. El caso está en instrucción fiscal.
La Condamine
° El informe también identifica una serie de falencias en La Condamine, plantel privado del norte de Quito, donde un profesor de natación fue acusado de violar a un niño de 7 años en 2014, caso conocido como ‘El Principito’. Apunta que sus autoridades no denunciaron ni protegieron al menor y que “el Ministerio de Educación debió conocer el caso y actuar, ya que cuenta con dos delegados dentro de la unidad educativa”.
Añade que “se observan irregularidades en la actuación del juez” que conoció el caso. Lo mismo pasó con otra denuncia de una niña de 12 años que fue contactada por otro de los “docentes con finalidad sexual a través de medios telemáticos”.
Cebi-Ambato
° Las actuaciones de las autoridades también están en entredicho respecto a la denuncia de estupro presentada por una adolescente de 15 años en contra de un profesor de la unidad educativa particular Cebi, de Ambato.
El informe indica que “recién en 2017 (cuatro años después del hecho) la Junta Distrital de Resolución de Conflictos inició un proceso sancionador contra la institución” y que el caso evidencia que “no existe normativa que impida a presuntos agresores sexuales, continuar ejerciendo la docencia en otra institución educativa”. Existe una queja por parte de la madre de la víctima que se está tramitando en el Consejo de la Judicatura.
Academias de ballet
° El informe también incluye el caso de tres alumnas que fueron víctimas de acoso sexual por parte de un profesor que laboraba en las academias de ballet Guadalupe Chávez y Ecuatoriano de Cámara. Refiere que lo sucedido permite evidenciar que “ninguna institución educativa controla y regula las academias y centros de ballet, artísticos, deportivos, culturales, de formación complementaria, con lo cual no se garantiza la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a ellos”.
Sostiene que la rectora no denunció los hechos y que el denunciado sigue dando clases a otros niños.