Según los últimos índices de corrupción de Transparencia Internacional (TI), Ecuador está en el puesto 117 a escala mundial, con una calificación de 32 sobre 100 puntos. En ese estudio se concluye que Uruguay y Chile son los países más transparentes de América Latina, mientras que Venezuela y Haití los más corruptos. En el mundo, los más limpios serían Nueva Zelanda y Dinamarca, mientras que Somalia y Sudán los peor calificados.
La pregunta es si en el país la ciudadanía se ha acostumbrado a los hechos de corrupción en el poder público, a lo largo de la historia democrática, pero atizada en los últimos 10 años, cuando estallaron casos de corrupción como los de Odebrecht y Petroecuador, y otros que se siguen investigando, como el de Petrochina. Funcionarios públicos de los más altos rangos, incluido el exvicepresidente Jorge Glas, han sido condenados por este tipo de hechos.
La Justicia ecuatoriana determinó que la constructora Odebrecht pagó más de 33 millones en coimas para obtener contratos en Ecuador e incluso por informes favorables por parte de la Contraloría, en ese entonces dirigida por Carlos Pólit, quién habría recibido 10,1 millones.
6
años de prisión deberá cumplir Glas por el caso Odebrecht, si la sentencia se ejecutoría. “Yo creo que esa gran tolerancia a la corrupción tiene que ver mucho con la abundancia. Vivimos una década de tremenda bonanza en las arcas fiscales y eso fue apuntalado por un discurso que basaba su legitimidad en hacer y en gastar”, piensa el exlegislador César Montúfar, quien fue acusador particular en el juicio de asociación ilícita del caso Odebrecht. “Eso contribuyó a normalizar el despilfarro, el desperdicio y la corrupción”, piensa.
En su opinión, el país debe apostar a que “se fortalezcan las instituciones, en este caso de control, que tienen la obligación constitucional de actuar conforme al Estado de Derecho en época de escasez y abundancia”. “Todas las instituciones tienen que funcionar más allá de una actitud personalista o voluntarista que mira en las personas la panacea de solución o el mesías”, señala el exlegislador.
Oros criterios
33
millones de dólares pagó la constructora brasileña en el país.
117
es el puesto que ocupa Ecuador en el ránking de Transparencia Internacional. Por su parte, María Arboleda, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), piensa que en la última década se construyó un escenario en el que los mecanismos de la democracia y el Derecho quedaron obstruidos para cometer los actos de corrupción. “Como país, estamos obligados a elevar los niveles de comportamiento democrático, el primero en las instituciones públicas”, dice, y agrega que no hubo una actitud fiscalizadora ni de control político desde la Asamblea.
Para ella es fundamental que se recupere la confianza en las instituciones públicas, instaurando la transparencia en todos los procesos, “que el pueblo sepa cómo se toman las decisiones”. “Salimos de un Régimen que aplastó a la ciudadanía e implantó la idea de que era posible ser corrupto sin que pasara nada. Las autoridades públicas deben tener una pedagogía política de ética para que “la ciudadanía vea que sí es posible ser honestos”. (MMD)