La Comisión Ocasional ‘Aampetra’ encontró responsabilidad política de los exministros de Educación Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, en los casos de abuso infantil en establecimientos educativos.
Con 8 votos a favor, de forma unánime, los legisladores aprobaron el informe que revisó la actuación de los exministros y el actual titular de la Cartera, Fander Falconí. Durante cuatro horas discutieron sobre el informe, inclusive con cruce de palabras entre asambleístas.
La Comisión determinó que a pesar de las medidas aplicadas por el Ministerio, no hubo cambios en la situación, causando que el abuso sexual de niños continúe. Por lo que, el informe también será enviado a la Fiscalía y Contraloría, una vez que se incluyan nueve observaciones.
Problemas
Dentro del informe se establecen las acciones de la Cartera y cuál fue su resultado. De allí se desprende que Espinosa permaneció al frente de la institución entre 2013 y 2016.
En ese período, se estructuraron los departamentos de consejería estudiantil, se definió el perfil de los profesores, se capacitó a autoridades distritales y profesionales en prevención del acoso escolar, se expidieron protocolos y rutas de actuación frente a hechos de violencia, entre otras acciones.
Sin embargo, en el caso de los departamentos de consejería estudiantil, el informe indica que “no se evidencia que la labor de los profesionales de apoyo haya coadyuvado para la detección de casos”.
En relación al protocolo, señaló que al no ser un acuerdo ministerial, “no tenía la jerarquía normativa que convierta en obligatorio cumplimiento”, por lo que autoridades y profesores no cumplieron con la normativa.
Además, respecto del registro de casos de abuso sexual cuestionó que recién desde 2014 se conocen casos de violencia sexual detectados en el sistema educativo. También se criticó que de los 382 casos conocidos de abuso sexual, únicamente se resolvieron 154, es decir, el 44%.
Otro cuestionamiento, es que una vez que se conocieron los casos no se dispusieron intervenciones o auditorías a las instituciones educativas para “verificar los parámetros de seguridad y las causas y posibles negligencias que ocasionaron que estos hechos ocurran”.
