Redacción LAHORA.COM.EC
Después de más de 25 años de sufrir la vulneración de sus derechos, Carmen Helena Pardo, quien puso una demanda en contra del Estado, finalmente recibió una respuesta de la Justicia.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, conformado por Bayardo Espinosa Brito, Ximena Velasteguí y Freddy Gordón, emitió la mañana de este lunes 19 de marzo de 2018, una sentencia en contra del Estado, en la cual reconoció la sucesiva violación de los derechos humanos de Pardo y el retraso en la administración de justicia.
Sin embargo, el resultado – en palabras de Pardo – no sería coherente con lo que sufrió por haber sido vinculada a un presunto delito de narcotráfico que no cometió. Esto porque, a pesar de reconocer la violación de derechos, el Tribunal dictó una indemnización por USD 20.000, un lucro cesante como supervisora antinarcóticos por el tiempo que dejó de tener sueldo, es decir, entre 2000 y 2013 por alrededor de USD 110 mil. Además, el Consejo de la Judicatura deberá pedirle disculpas.
En noviembre de 2016, Pardo demandó al Estado por un retardo injustificado en la administración de justicia, debido a que los jueces se demoraron más de 20 años en emitir el sobreseimiento definitivo por un delito que no cometió, cuando la norma delimitaba un plazo máximo de cinco años. Además, de otras violaciones.
Ayer, en sus redes sociales, Pardo señaló: «Finalmente sabré si en Ecuador hay JUSTICIA para los ciudadanos comunes. Espero escuchar que se condene al Estado; no podría ser de otra manera cuando los hechos y documentos existentes prueban que el Estado se tardó más de 20 años en devolverme mis derechos».
Sin embargo, una vez con el dictamen insitió que «la justicia se burla de mí, reconoce omisión, error judicial, retardo injustificado en la aplicación de justicia, daños físicos, daños por lucro cesante, daños emergentes, pero me manda con una disculpa pública y 98 dólares de indemnización mensual por 21 años de violación de derechos».
Por esto, el abogado de Pardo, Fabrizzio Brito, señaló que el dictamen es una «tomadura de pelo», por lo que solicitará el audio de la audiencia para analizarlo.
Esto – de acuerdo con Brito – para hacer la comparación con otros casos, como el del expresidente Rafael Correa, quien recibió una indemnización por 600.000 por daño moral, y otros casos de vulneraciones en los que las indemnizaciones han alcanzado los USD 350 mil. Una vez realizado el análisis, definirá cuál será la siguiente acción.
«No estamos satisfechos, a Carmen se le ha hecho un discrimen», criticó.