ORLANDO AMORES TERÁN
Hay que identificar al gran responsable para impedir que la gente olvide al mayor canalla de la historia: el yangamanahisca, quien asumiéndose «jefe de Estado» se arrogó «autoridad» en todas las cinco funciones estatales. Éste acaparamiento de poder durante su régimen, generó la mayor infamia de nuestra historia, la madre de todos los feriados habidos y por haber.
Basta constatar que en el 2006 cada ecuatoriano debía 964 dólares; hoy, cada ecuatoriano debemos 5.638 dólares. En la década de mayor bonanza petrolera, despilfarraron 400.000 millones, de los cuales solo 80.000 millones se invirtieron en: carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales, etc.; pero además, nos endeudaron en 90.222 millones de dólares. Se instauró juicio popular, con activistas sociales, abogados, víctimas, testigos. El Tribunal conformado por personas que no son del aparato judicial controlado, lo sentenció al innombrable, por el criminal montaje del 30S.
Al fiscal general debe darle vergüenza observar cómo hace justicia con eficiencia, eficacia y celeridad, la organización social digna e independiente. Es verdad que tal resolución no tiene efectos jurídicos inmediatos, pero sirve de ejemplo para un pueblo sediento de justicia, huérfano de protección por parte de un Estado copado de corruptos y corruptores. Además, cuando se instaure el juicio ante instancias regulares, dicha resolución pesará moralmente, al momento de sentenciar, porque la gente participó de los hechos, constató la prueba, lo que hará más difícil torcer el Derecho, para absolver al culpable de lesa humanidad. Ésta iniciativa, debe continuar de modo paralelo, respecto de todos los casos previo a su enjuiciamiento: Bonos Global 2030, narcovalija, Yachay, Petrochina, Palo Azul, Dayuma, Aromo, Mano a la justicia, Senain, Cofiec, Angostura, Intercambio de crudo por derivados entre Petroecuador y Pdvsa, viajes de avión presidencial, helicópteros Dhruv, desfalco al IEES. Fraude electoral 2014, 2017. FARC: campaña presidencial. 4.830 niños abusados. Más de 140 casos de atraco de bienes públicos, durante la década infame.