El Defensor del Pueblo asegura que los principales siguen proveniendo del entorno cercano al menor.
El tercer juicio contra el violador de 41 niños en el caso Aampetra inició el viernes, con la esperanza de las víctimas y sus familias de que ese falso maestro, que ya cumple dos condenas, reciba una tercera y pase en prisión más de los 16 años que le dieron por este atroz delito.
El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, conversó con La Hora sobre esta problemática y se convierte en una autoridad más en reconocer una sensible realidad en el país: muchos de estos casos quedan en la impunidad. Pero tampoco él sabe cuántos. Su visión sobre este tema, que cobró especial importancia el año pasado, precisamente es a partir de este caso.
¿Cómo enfrentar los abusos sexuales, que ahora salen a la luz de forma más amplia?
El tema en el sistema educativo explotó básicamente por la denuncia que se hizo en el caso Aampetra, porque develó la cantidad de abusos y motivó la conformación de una Comisión en la Asamblea que permitió que se presenten otros casos. Sin duda, hay muchos más, en todos los ámbitos. El mayor número todavía descansa en el ámbito familiar, cercano. Las respuestas que debemos dar deben ser más amplias, coordinadas entre las instituciones, integrales. Por eso presentamos hace tres años y medio el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de todos los Grupos de Atención Prioritario, que es integral y permite la participación de las instituciones, desde el poder central hasta los desconcentrados. El mensaje que hay que dejar a las víctimas y sus familias es que no deben esconderse, tienen que denunciar.
¿Si esa Ley estuviera, habría sido más fácil reaccionar ante las violaciones en el sistema educativo?
Tendríamos mejores sistemas de prevención y de reacción; si los gobiernos locales cumplieran su obligación de llevar adelante acciones de protección de todos los grupos de atención prioritario. Hay consejos cantonales de protección a la niñez, eso está bien, pero no están en todos los cantones y no hay consejos para todos los grupos de atención.
¿Y qué ha hecho la Defensoría del Pueblo al respecto?
Tenemos la responsabilidad de vigilar que los casos tengan protección y no queden en la impunidad. La Función Judicial tiene que estar preparada para dar respuesta efectiva. Muchas veces, y conocemos estos casos, quedan en la impunidad. Debemos estar preparados para dar seguimiento. No es un trabajo a corto plazo, es de largo plazo, pero esto no pasa solamente por la reacción del órgano de control, que es necesaria, pasa también por la reacción y la preparación del sistema de Justicia y del Gobierno.
¿El sistema de Justicia ha dejado en impunidad muchos casos?
El último garante de un derecho es el juez. Si el juez no garantiza el derecho, no lo hará un órgano administrativo. La única posibilidad que tenemos es continuar con las acciones legales que nos permite la Normativa hasta alcanzar justicia en el ámbito nacional y, si esto no se diera, podríamos llevar los casos al internacional. Esto hay que ver con las víctimas y sus familiares, para determinar hasta dónde desean llegar. Estar en el sistema judicial, para las víctimas, es agotador. (MMD)