Los ecuatorianos decidieron, a través de la consulta, que los delitos sexuales perpetrados contra niños y adolescentes sean imprescriptibles. Sin embargo, esta medida necesita complementos para que cambie esta cruenta realidad.
La abogada Gisela Vaca, que patrocinó a la familia del emblemático caso conocido como ‘El Principito’, perpetrado en el colegio La Condamine, considera que la pregunta respondió a una lógica de “populismo penal”, en la medida en que se la habría incluido en la consulta para llamar más gente a votar a favor. “Los delitos de violencia sexual son bastante complicados en cuanto a la prueba. Si bien es cierto que se les da un valor agregado al testimonio de los menores de edad, eso tiene que contrastarse con el resto de evidencias”, señala.
En su experiencia, debido a que son delitos que se cometen en la clandestinidad, la evidencia no suele ser contundente y los principales argumentos suelen ser lo que el niño dice vs. lo que dice el agresor. “Si a eso se suma que el transcurso de los años va borrando la evidencia, en la práctica en los casos de abuso sexual, como en cualquier otro proceso, cuando hay duda, no se condena”.
Prevención
En días pasados, el ministro de Educación, Fánder Falconí, le dijo a este Diario que, además de su política de ‘cero tolerancia’ contra estos delitos y de evitar la impunidad, lo más importante es: “cómo vamos a emprender las actividades de prevención”.
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casos tiene registrados solo el Ministerio de Educación.Para la experta María Eugenia Moncayo, el tema preventivo es fundamental y tiene que ir mucho más allá de la prevención inmediata. “La violencia sexual tiene que ver con problemas no resueltos relacionados con esto, adultos o jóvenes que vivieron abusos, es un círculo de violencia que se replica”, señala, para alertar que la prevención debe ser entendida en un espectro más grande.
Vaca también es del criterio de que las medidas preventivas podrían ser mucho más efectivas, pues la imprescriptibilidad ni siquiera garantiza condena.
También piensa que el personal educativo y administrativo de los establecimientos debe estar en permanente evaluación sicológica. En ese sentido, un protocolo importante tiene que ver con el levantamiento de la información para que no se pierda y pueda ser entregada íntegramente a la Fiscalía. “La política macro es ‘cero tolerancia’, pero en la práctica, en los distritos la política es débil, están perdidos, en los colegios tienen pánico de denunciar porque no saben qué va a pasar”, señala. (RVD)