Todos los concursos que estén a cargo del Consejo de la Judicatura se suspenden hasta que concluya la evaluación de este organismo por parte del Consejo de Participación Ciudadana de transición. Así lo resolvió el Pleno del organismo temporal la mañana de ayer. Al momento, la Judicatura cumplía la selección de fiscales provinciales.
“Se acabaron estos concursos mañosos en los que no confía nadie y mucho menos gente calificada”, declaró Julio César Trujillo, presidente del Consejo de transición. Agregó que es una forma de acabar con las arbitrariedades y la impunidad.
Como parte de la evaluación, el Consejo de la Judicatura, sus vocales y su presidente, Gustavo Jalkh, tienen siete días de plazo a partir de la notificación para presentar los informes de gestión. También la ciudadanía tiene cinco días para entregar denuncias contra el organismo.
Con esta medida el Consejo inicio la evaluación de las autoridades que fueron nombradas por el anterior. Además de la Judicatura, en el proceso se incluye al fiscal general, Carlos Baca Mancheno; al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Superintendencia de Bancos. Baca también tendrá los mismos plazos para entregar su informe de gestión y la ciudadanía los mismos días para presentar sus denuncias.
¿Jalkh lo presentía?
Jalkh dijo por la mañana, antes de conocer la decisión del Consejo de Participación, que tiene lista toda la información que entregará. “Bienvenida sea esa evaluación. Estamos dispuestos a dar toda la información, somos funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía y vamos a mostrar al Consejo que todo lo que hemos hecho ha sido transparente”, declaró.
7
días tienen los funcionarios para entregar sus informes de gestión. Destacó que dará información sobre el acceso de los ciudadanos a la justicia, a la defensa, la mediación. “Los hechos hablarán por sí solos y tengo confianza en que cada institución actuará en el marco de sus competencias”, señaló.
El funcionario se refirió a los concursos de fiscales provinciales y opinó que no se pueden suspender. Esto, en respuesta a una acción de protección presentada por el asambleísta Esteban Bernal (CREO). “La Judicatura tiene la obligación de cumplir con los concursos porque son un derecho de todos los ciudadanos”, justificó.
Irregularidades en selección de fiscales
Bernal hizo público un informe de la Contraloría en el cual se establece una serie de aparentes irregularidades que se habrían dado en la Fiscalía, en el período de Galo Chiriboga.
El político presentó este informe, con el número DAAC-0070-2016, como sustento para su pedido de suspensión del concurso de fiscales provinciales, pero el Consejo de Participación se le adelantó.
5
días tiene la ciudadanía para presentar su denuncias. Chiriboga ejerció el cargo del 19 de julio de 2011 al 11 de mayo de 2017, pero el examen de Contraloría es al periodo entre el primero de octubre de 2010 y el 31 de octubre de 2015, en el que se detectaron inconsistencias en el momento de elegir a personal para esta institución.
Entre las irregularidades se cita, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura de Transición expidió el instructivo para el concurso, por el cual se delegó al Fiscal General las atribuciones para llevarlo adelante.
Se señala que el Fiscal seleccionó y designó a 10 aspirantes que constaban en informes presentados por los miembros del Tribunal con notas inferiores, sin considerar a postulantes con mejores puntajes, mismos que no fueron nombrados, contraponiéndose a lo dispuesto en el reglamento y en el instructivo que regularon ese concurso.
Hay otros tantos ejemplos de las inconsistencias e irregularidades que se habrían cometido en los procesos de selección de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía General. (HCR/DAB/LC)
Patricio Rivera fue cesado
° Otra de las resoluciones que el Consejo transitorio de Participación Ciudadana tomó la mañana de ayer fue la de ratificar la cesación en funciones del superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, exhombre ‘fuerte’ del Gobierno de Rafael Correa.
La cesación se ampara ya que Rivera no se posesionó en el cargo de superintendente dentro del plazo de 15 días que plantea la Ley.