Mariana Velasco
Ya son 39 años de vida democrática en el Ecuador, desde aquel 10 de agosto de 1979 cuando Jaime Roldós Aguilera asumió la Presidencia de la República tras siete años de dictadura. Debería asumir que mejoramos en la gobernabilidad democrática y el combate a la corrupción. Sin embargo, antes que limpiar la política en el país, hay solo un exvicepresidente preso, algún ministro y uno que otro funcionario tras las rejas, algunos prófugos y otros a buen recaudo.
¿Podrá nuestra democracia desarrollar un sistema judicial lo suficientemente independiente como para enfrentar al pulpo de la corrupción? La corrupción no es nueva, está profundamente arraigada en la historia del país. Las recetas para un buen gobierno y las estrategias contra la corrupción se conocen desde hace tiempo, pero su aplicación falla.
El combate contra la corrupción requiere de instituciones sólidas y un liderazgo fuerte, y ninguno de los dos existe en nuestro país. Muchos de los políticos con el poder e influencia para reformar el sistema han sido acusados de malos manejos en el pasado. Figuras claves en los sectores público y privado también se han beneficiado del sistema de corrupción imperante. ¿Serán ellos quienes impulsen la necesaria reforma política que podría llevarlos a la cárcel?
En los treinta y nueve años el país progresó. Resolvió el conflicto con el Perú pero hay venas abiertas con el vecino del norte, estamos dolarizados por diez y ocho años, se redujo la pobreza, el analfabetismo y unas cuántas enfermedades; si en el 79 no llegábamos a 8, hoy somos más de 17 millones de habitantes, “tenemos carreteras”, escuelas del milenio y es una democracia relativamente estable.
En cada proceso electoral que vivimos, salta la inquietud de ¿por qué molestarse en celebrar elecciones que dan a los políticos licencia para defraudar a sus electores? A los ciudadanos, al no aspirar a un cargo político, nos corresponde movilizar la opinión pública para respaldar una campaña anticorrupción como un arma poderosa.