Para el Ministerio de Educación son acciones extraordinarias. Padres piden que se revelen sus nombres.
A raíz de las denuncias de violencia sexual que salieron a la luz el año pasado en el sistema educativo del país, siete establecimientos permanecen intervenidos y algunas de sus autoridades han sido destituidas.
Entre ellos constan cinco planteles públicos, siendo los más conocidos la unidad educativa réplica Aguirre Abad de Guayaquil y la intercultural bilingüe Mushuk Pakari, de Quito, donde se registraron casos de decenas de niños que fueron abusados por profesores.
También dos privados: la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), del sur de la capital, y uno de Guayas, “por tener situaciones de conmoción social”, de acuerdo con el Ministerio de Educación.
La subsecretaria María Fernanda Porras no precisó cuánto tiempo durará la medida, a la que se cataloga de “extraordinaria”, pero precisó que la Ley faculta a que se lo haga hasta por dos años y contempla prórrogas.
“Es un proceso que puede irse extendiendo en la medida de lo que vamos encontrando en la intervención”, dijo la funcionaria, al tiempo de asegurar que en, por lo menos, dos de los planteles ya se ha dado la destitución de las autoridades y otros están en investigación.
Proceso
La intervención implica que en estos establecimientos se haga un análisis minucioso de la institución: el ámbito administrativo, la calidad de la planta de profesores, la pedagogía y el estado de la infraestructura.
Además, se revisa la aplicación de protocolos para el abordaje de casos de vulneración de derechos, de tal forma que no se repitan hechos como los que actualmente son investigados por la Justicia.
El dato
De los planteles intervenidos 4 están en Quito, 2 en Guayaquil y 1 en Santo Domingo.
Reserva
Porras solicitó que no se publiquen los nombres de los planteles para no “revictimizar” o generar “estigmas” hacia los alumnos; sin embargo, con esto discrepan los padres de familia de los 41 niños que fueron abusados por un profesor en Aampetra hace ocho años.
Rosa Peñafiel, madre de una de las víctimas, enfatizó que “por encima de todo deberían estar los estudiantes no el prestigio de una institución” y apuntó que identificarlos sirve para que los directivos tengan cuidado.
“Si el director o las autoridades de esa institución nos hubiesen ayudado a nosotros entregándolo al tipo (al abusador), ahora los padres lo reconoceríamos, pero no fue así. Por eso, a todas las instituciones que sean cómplices y que no colaboren se las debe señalar”, acotó.
Porras no precisó en qué estado se encuentra la intervención en Aampetra, no obstante Walter Enríquez, abogado del establecimiento, aseguró que está avanzando en todos los campos.
“Es una intervención cotidiana, en el orden académico, administrativo, de servicios, de tal manera que está cumpliendo su papel el Ministerio”, dijo y señaló que las “responsabilidades son personalísimas en este tipo de materia”. (RVD)
Mi opinión
en 30 segundos
Sybel Martínez,
directora de Rescate Escolar
“No pueden ser medidas parche”
“Por razones como acoso o abuso sexual en el sistema educativo, la intervención tiene que ir sobre la base de buscar cambios culturales en materia de violencia dentro de los colegios.
2
años es el tiempo que contempla la ley para las intervenciones.Entonces, se esperaría que incluso se mida la violencia dentro de los colegios, que exista un trabajo de toda la comunidad educativa, que se dicte una política antiviolencia escolar, por ejemplo, adscrita al Código de Convivencia.
Esperaríamos que se tengan encuestas de modo que al final uno pueda hacer una evaluación y se mida otra vez índices de violencia y notemos que han bajado. Si no se hace eso, entonces, van a hacer simplemente medidas parche”.