Los concejales de Quito Sergio Garnica y Eddy Sánchez enfrentan cargos por tres delitos

Esta madrugada se dio la audiencia. (Cortesía: Fiscalía)
Esta madrugada se dio la audiencia. (Cortesía: Fiscalía)

Redacción LAHORA.COM.EC

Cargos en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita, concusión y enriquecimiento privado no justificado enfrentan desde hoy viernes 20 de abril de 2018 los concejales de Quito Eddy Sánchez y Sergio Garnica, cinco funcionarios municipales y otra persona más que fueran detenidos en la víspera por la Policía y la Fiscalía.

Los detenidos quedaron en libertad la madrugada de hoy luego que la jueza María de los Ángeles Montalvo les ordenara colocarse un ‘grillete electrónico’ mientras prosiguen las investigaciones por supuestos cobros ilegales a transportistas a cambio de facilitarles un proceso de regularización.

Tras una audiencia de formulación de cargos la jueza Montalvo también ordenó presentarse periódicamente ante la Justicia, enajenación de bienes, y prohibición de salir del país.

La Fiscalía asegura a través de un comunicado oficial que ha presentado “varios elementos de convicción para sustentar el inicio del proceso penal”. Entre estos, consta, grabaciones de conversaciones telefónicas en las que los procesados, bajo alias de ‘Gordo’, ‘Ingeniero’, ‘Flaco’, ‘Secre’, ‘Pepe’ y ‘Mona’ acordaban “receptar dinero que provenía de los transportistas”,

“Dos procesados habrían intercambiado 18 mil dólares”, señala el comunicado.

Ayer jueves 20 de abril la Fiscalía y la Policía allanaron varias dependencias del Municipio de Quito detuvieron a los hoy procesados.

LEA TAMBIÉN

Regularización responderá a la valoración técnica

Quedaron detenidos para “fines investigativos” los funcionarios y exfuncionarios municipales Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L. “Asimismo fue detenida Mónica G. señalada como nexo con las víctimas, según la Fiscalía.

La Fiscalía inició una investigación tras una denuncia de transportistas de supuestas coimas dentro del proceso de adjudicación de permisos de operación de buses y taxis. Según el fiscal Fabián Salazar se trataría de una «estructura delictiva» que perjudicó en alrededor de 80 millones de dólares. (JCER)