El propósito es que sirva de insumo en la evaluación del organismo, que registra 10 quejas en total.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó en el Consejo transitorio de Participación Ciudadana una denuncia con cinco casos que demostrarían lo que para la entidad es una gestión negligente de la Defensoría del Pueblo presidida por Ramiro Rivadeneira. El propósito es que los casos sirvan de insumo para procesos de evaluación que cumple la entidad. “Nos parecen que han sido negligencias graves que han causado perjuicio a la ciudadanía en general”, manifestó Harold Burbano, asesor legal de Inredh.
El primer caso se refiere a la publicación, en septiembre de 2013, del libro ‘Una tragedia ocultada’, escrito por Miguel Ángel Cabodevilla y Milagros Aguirre, en el que se relata la matanza de 20 miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane que habitan la zona intangible del Yasuní.
Para Inredh, la Defensoría del Pueblo incurrió en la censura de la publicación al haber presentado una solicitud de medidas cautelares con la excusa de que se mostraban los rostros de dos niñas sobrevivientes de la masacre. “La medida cautelar fue aceptada por una jueza de Quito, que luego, por efectos de la presión social, tuvo que ser revocada”, dijo Burbano.
Argumentó que lo que buscaba la Defensoría es que el caso no pudiera difundirse ampliamente en el país debido a la coyuntura política porque estaba en pleno el debate la explotación petrolera en el Yasuní.
Una segunda acusación
También le acusan a haber dividido a la Asociación de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). Para probarlo, incluyen en la documentación un video en el que Rivadeneira manifestaría de manera expresa a los familiares de esta agrupación que tienen que romper la organización y desafiliarse. “La Defensoría del Pueblo tuvo una injerencia arbitraria e ilegítima en una asociación de la sociedad civil incumpliendo con sus deberes”, dijo Burbano.
10
denuncias había contra la Defensoría del a hasta el cierre de esta edición. Uno de los fundadores de Asfadec y padre de uno de los desaparecidos, Luis Sigcho, ratifica la denuncia. Recuerda que fue en 2013 cuando, por intervención de la Defensoría del Pueblo, empezó el fraccionamiento de su organización. “Estábamos organizando un evento internacional. Era Asfadec quien lo organizaba pero querían que apareciera como un evento de la Defensoría, de la Fiscalía y de la Policía. No estuvimos de acuerdo, no lo aceptamos”, dijo Sigcho.
Agregó que esta intervención generó la conformación de otras organizaciones de desaparecidos.
7
miembros tiene el Consejo de Participación. Otros dos casos para que analice el Consejo de Participación son la falta de acompañamiento a las comunidades de Bolívar afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidrotambo y la prevención de desalojos en Zamora Chinchipe a causa del proyecto minero Mirador.
La Hora intentó comunicarse vía telefónica con el asesor de la Defensoría del Pueblo para conocer la posición de esta institución, pero no hubo respuesta. Según el cronograma, este organismo tiene plazo hasta mañana para presentar su informe de gestión. (HCR)
Sobre la cárcel de Turi
° La denuncia incluye el caso de tortura en la cárcel de Turi, en Cuenca. Para Daniel Bejar, abogado de Inredh que actuó en este tema, la Defensoría tuvo una actuación “laxa” y flexible frente a una clara violación de Derechos Humanos, pese a que estuvo a cargo de vigilar que se cumpla el debido proceso. Pone, como ejemplo, que hubo seis intentos de reconstrucción de los hechos sin que haya existido un pronunciamiento firme de la Defensoría.