A un mes del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio, que terminó en asesinato, las dudas sobre la actuación del Gobierno en todo este proceso se mantienen entre los familiares.
¿Cuáles son los errores de buena fe? ¿Quién era el negociador? ¿Cuándo van a devolver los cuerpos de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas? ¿Cómo van a transparentar la información? Son algunas de las preguntas sin respuestas que formulan los familiares y de las que dejaron constancia en carteles que portaron durante un plantón que cumplieron ayer frente al Palacio de Gobierno. “El secuestro continúa. Con el anuncio de su muerte el 13 de abril, no se puso punto final a esta situación”, manifestó Yadira Aguagallo, pareja de Paúl.
Son preguntas que para los deudos suponen que existieron errores entre las autoridades en el manejo del caso y que evidenciaron la ausencia de una política de seguridad estratégica. “Recordemos que esto fue tratado inicialmente como un secuestro normal, cuando no se reconoció que existía narcoterrorismo”, dijo Ricardo Rivas, hermano del fotorreportero de El Comercio. Y añade más errores como el hecho de que la vocería y el mando unificado para tratar el secuestro se haya delegado al Ministerio del Interior y no al de Defensa, cuando se trataba de un tema de soberanía nacional y no de delincuencia común.
De por medio también está que tras la confirmación de asesinato aún no se han recuperado los cuerpos y la falta de información sobre qué están haciendo los gobiernos de Ecuador y Colombia al respecto. “Hasta el día de hoy (ayer) no tenemos noticias de qué esfuerzos están haciendo, quién lo está haciendo, cuál es la operación que se está manejando”, dijo Patricio Segarra, hijo de Efraín. “Que nos devuelvan los cuerpos para darles sepultura, que es lo mínimo que se merecen”, agregó Galo Ortega, padre de Javier. Y cuestionan que desde hace nueve días no han mantenido contacto con las autoridades por lo que una de las preguntas es “¿Quién es ahora nuestro canal de comunicación?”.
Incertidumbre total
Ayer venció el plazo de 10 días que dio el presidente, Lenín Moreno, para que se capture a alias “Guacho”, responsable del secuestro y asesinato, o para que renuncien los Ministros del Interior, César Navas; de Defensa; y de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición nada de esto se concretó.
Por el contrario, mientras los familiares del equipo periodístico cumplían su plantón en la Plaza Grande, a la misma hora en el cuartel del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Navas presidía una ceremonia de graduación de policías. En su discurso dijo que las decisiones en su gestión tuvieron como objetivo recuperar la institucionalidad de la Policía ya que la seguridad trasciende cualquier interés personal, particular o político. Repitió lo que ha sido su discurso desde que se dieron los atentados de ‘Guacho’: que se han afectado en más de USD 600 millones a las estructuras económicas narcoterroristas y que han sido capturados a 42 integrantes de la banda y que se requiere de la corresponsabilidad de Colombia. Pero no se refirió al plazo de 10 días dado por Moreno.
En Guayaquil, asimismo, en una reunión del Frente Social, Augusto Barrera, coordinador del área, dijo que “el Presidente definió ese plazo y es la voz autorizada para informar sobre esos ministerios”. Y anticipó un gabinete sobre la frotera norte para la próxima semana.
Para los familiares de los periodistas, en todo caso, una posible renuncia no les eximirá de responsabilidades y tendrán que ser ellos quienes deban responder las inquietudes. (HCR)
Mi opinión
en 60 segundos
Zuliana Lainez,
Presidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y El Caribe.
‘Ahora se quiere negociar con sus cuerpos’
“En la región estamos consternados por lo que ha pasado en Ecuador. Es la vuelta de una época de terror que hemos vivido hace unas décadas en la región con Colombia, que es permanente en México, pero que en Sudamérica es una vuelta a los peores momentos para el ejercicio del periodismo, el tener de retorno la práctica del secuestro de periodistas, el hecho de que a los periodistas se les considere parte de situaciones de conflicto, moneda corriente para negociar.
En este caso, las exigencias de una disidencia, creo que es lo peor que la ha podido pasar al periodismo en la región. No solo se ha querido negociar con la vida de los colegas, ahora se quiere negociar con sus cuerpos y eso no es solo doloroso para las familias, sino para el periodismo latinoamericano”.