Ángel Polibio Chaves
El correato urdió una red de normas e instituciones tendientes a asegurar la impunidad de los autores, cómplices y encubridores de las incorrecciones cometidas mientras los siervos del expresidente Correa ejercían funciones públicas, y lo hicieron de tal manera que, salvo que hubiese existido el pronunciamiento claro del pueblo ecuatoriano para desmontar, aunque sea parcialmente, esa estructura de corrupción, sería difícil establecer responsabilidades y determinar los autores y las penas que debían ser aplicadas. Sin embargo, parece que hay algunos “personajes” que no se conforman con el ejercicio que este Consejo da y dará a dichas facultades, porque buscan la manera de reducirlas o anularlas, según su conveniencia.
El mandato popular expresado en la última consulta popular no deja duda alguna sobre las facultades que los ecuatorianos conferimos al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCT), expresamente determinadas en los anexos a la pregunta correspondiente.
Ya en la Asamblea Nacional, uno de sus miembros identificado con el gobierno actual, tuvo la ocurrencia de que era necesario recurrir a la Corte Constitucional para que defina las facultades otorgadas al Consejo Transitorio y, hace pocos días, un juez de poca monta, resolvió suspender la resolución del Consejo por la cual se detuvo el concurso de méritos para la designación de fiscales.
No sería grave si se tratase de hechos aislados y que pudiesen ser producto de la entusiasta adhesión al líder de la década perdida; lamentablemente, con una Asamblea Legislativa que parece bolita de mercurio, en la que con la misma facilidad se separan y se juntan los “correístas” y los “morenistas”, cualquier circunstancia es de pronóstico reservado.
Es preciso estar atentos a estas y otras acciones que pretendan frenar la acción del Consejo de Participación Ciudadana para asegurar la impunidad de los actos en los que incurrieron aquellos de “manos limpias y corazones ardientes”.