Pablo Izquierdo Pinos
La falsificación está presente en nuestra sociedad. Falsificamos medicamentos, discos compactos y hasta títulos universitarios. Si no que lo digan algunos políticos quienes ingresan como bachilleres o con títulos de tercer nivel y sin asistir a clases obtienen maestrías a su medida. Al tema: En el caso de las medicinas, además de ser un delito penal, está en juego un bien superior: la salud. Un millón de personas muere cada año al ingerir medicamentos falsificados.
La Oficina del Representante de Comercio Exterior de los EE.UU. (USTR) publicó recién el Informe Especial 301. Allí se señala a Ecuador, junto a Bolivia, Nicaragua y otros en la ‘Lista de vigilancia’ por violar los derechos de propiedad intelectual y patentes. En Cuenca la Fiscalía encontró 18 toneladas de medicamentos falsos y maquinarias para elaborar fármacos. Colombia se incorpora al grupo de 10 grandes infractores mundiales de las reglas, junto a Argentina, Venezuela, China, India, Rusia, en la ‘Lista de vigilancia prioritaria’.
La semana pasada decomisaron en Ipiales (Colombia) una tonelada y media de medicamentos falsos o vencidos provenientes de Ecuador y Venezuela. Aquí compraron materia prima caducada o medicamentos caducados y los etiquetan nuevamente. Había antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, diuréticos, antihipertensivos, tratamientos para el cáncer y el VIH, leche para recién nacidos, sueros, drogas psiquiátricas.
Este cargamento iba a entregarse a farmacias y distribuidoras que se encargaban de proveer a hospitales y centros de salud. Vendedores de aquí y compradores de allá, cómplices.
Mientras los riesgos en nuestro país sigan siendo bajos por el poco control, las ganancias potenciales altas y los precios de las medicinas fuera del alcance de muchos, la falsificación se fortalecerá sostenidamente. Los pobres se encuentran en la encrucijada que los obliga a escoger entre adquirir un medicamento de origen dudoso o renunciar al tratamiento que puede salvarle la vida. Urge implantar un ‘Observatorio de medicamentos’ desde la sociedad civil y que las universidades pongan coto a un negocio infame que contaminó el Estado.