Rodrigo Santillán Peralbo
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fue creado por mandato del pueblo, hecho por el que tiene rango constitucional; en consecuencia, “por encima de las decisiones del pueblo, no hay ninguna autoridad” que sea capaz de incumplir una decisión del Cpccst, según declaraba su presidente, Julio César Trujillo.
Las decisiones del Cpccst se fundamentan en su origen. No tiene límites en los procesos de evaluación de autoridades creadas por el anterior Consejo, habida cuenta, además, de existir serias sospechas de procesos fraudulentos en los convocados concursos que terminaron por nominar a los elegidos, por el anterior gobernante y, entre ellos, el Consejo de la Judicatura, el Contralor prófugo, el Fiscal recientemente censurado por la Asamblea, el CNE y otros.
El Cpccst está legalmente capacitado para suspender concursos internos de autoridades como el pretendido para nominar fiscales por parte del Consejo de la Judicatura. Tiene la potestad para destituir funcionarios nombrados por el anterior Consejo, cuyos miembros, también, fueron designados a dedo por la Asamblea Nacional, según el mandato del ex presidente Correa. La Corte Constitucional, cuestionada por múltiples sectores, sólo tiene magistrados correístas. Ante ese organismo recurre el Consejo de la Judicatura en contra del Cpccst. ¿Es ético?
Un juez de Balsas impone medidas cautelares contra el Cpccs. Los asambleístas morenistas y correístas agreden al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? ¿Qué intereses defienden, o tienen algo que ocultar, que ansían poner límites al Cpccs?
Por sobre ellos está el pueblo -único soberano- y sus organizaciones que respaldan al Cpccst que continuará con su labor, sin temores, para ayudar a recomponer la institucionalidad del país.