Daniel Marquez Soares
Estos últimos días han sido fecundos en sangre y deseos de venganza. Los sucesos en la frontera del norte, las desventuras sufridas por varios taxistas, el asesinato de mujeres y niños; esta seguidilla de hechos espeluznantes ha atizado el preocupante clamor justiciero de la muchedumbre. Las redes sociales, los espacios de opinión ciudadana, las intervenciones de algunos políticos menores poco sofisticados e incluso las apresuradas reacciones de ciertos personajes públicos denotan una sociedad saturada de odio, xenofobia e irracionalidad.
Estamos ante un preocupante caldo de cultivo de caudillos inescrupulosos y regímenes amorales. Cualquier político con sed de poder, pocas reservas y un par de dedos de frente es capaz de percibir lo fácil que resulta este momento cosechar popularidad inflamando esos sentimientos viles entre la gente. Empresas, cultos y medios de comunicación también saben que el odio y el miedo son baratos de producir y fáciles de vender, excelente mercancía para un público que adicto a ellos. Es probable que entremos en un espiral descendente, en un círculo vicioso de paranoia, venganza y xenofobia.
Tendemos a traspasar al Estado lo que tenemos de negativo: desde nuestras deudas y pérdidas empresariales hasta nuestras envidias y odios. Este rato, muchos quisieran un Estado vengativo, paranoico, xenófobo y ensañado, reflejo de tantas bajas pasiones. Deportaciones, ejecuciones, tortura, arbitrariedad; eso quiere la masa. No obstante, querer dotar de legalidad y tinte oficial a deseos tan viles no es más que cobardía.
Los criminales llevan a cabo sus acciones contra sus víctimas corriendo riesgos y al margen de la ley. Es absurdo y pueril querer hacer justicia sometiéndolos a la misma acción, pero de forma legal y segura. Si de reciprocidad se tratara, por ejemplo, un asesino que actuó al margen de la ley, exponiéndose a décadas de cárcel, debería ser castigado siendo asesinado al margen de la ley con su verdugo corriendo idéntico riesgo, no de forma impune y legal a manos del Estado. Todos los que exigen ejecuciones, deportaciones o abusos en las cárceles, ¿serían capaces de llevar a cabo ellos mismos las acciones que reclaman?