La minería ilegal y la percepción sobre daños ambientales han generado conflictos.
La toma del campamento de la minera china Junefiled/Ecuadorgoldmining es la punta de lanza de un problema que viene de décadas atrás y que no se ha podido resolver. La actual situación en Río Blanco-Molleturo, así como la que hubo en Zaruma en 2017, tiene que ver por un lado con la existencia de la minería ilegal como, por otro lado, la falta de consulta ambiental para el desarrollo de ciertos proyectos que pueden tener impacto en fuentes de agua y medioambiente.
La crisis en Río Blanco-Molleturo ha sido provocada por activistas antimineros que no solo se tomaron el primer control del proyecto en Río Blanco, sino que destruyeron las vías de acceso a las comunidades aledañas para reclamar la salida de la minera china, ante lo que consideran la “contaminación de sus fuentes hídricas y otras afectaciones al medioambiente.
De hecho, la violencia ha escalado y hoy es de ambos lados. La mañana del 9 de mayo, trabajadores de Junefiled/Ecuadorgoldmining retuvieron al presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez Guartambel, quien se encontraba con los dirigentes Mario Fárez y Víctor Hernández.
Agresiones
Según denunció la organización indígena, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo en el que los tres se trasladaban a Río Blanco. El Ministerio de Minería, que encabeza la ministra (e) Rebeca Illescas, rechazó las actividades violentas que “pongan en riesgo la integridad de las poblaciones aledañas al proyecto, así como cualquier amenaza de destrucción de la propiedad pública y privada que interrumpa el acceso a las instalaciones del proyecto e impida la libre circulación”.
El domingo anterior, en otra zona del país, en la comunidad de Shaime de Zamora Chinchipe, 22 funcionarios fueron liberados luego de permanecer retenidos varias horas por miembros de la Asociación Shuar Tuyunts. Fue una reacción a un operativo sorpresa antiminero dispuesto por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Mariposa, Selva Alegre y Nuevo Paraíso.
Críticas
Es decir, ya sea porque se percibe daños al medioambiente o porque se pretende continuar desarrollando la minería ilegal, el problema de la extracción minera está más vigente que nunca en el país. La asambleísta Patricia Henríquez observa que la respuesta del Gobierno para enfrentar el problema, desde que Lenín Moreno asumió la conducción del mismo, “no ha sido adecuada”.
Henríquez, quien siguió de cerca la crisis en Zaruma de 2017, piensa que “la minería es una parte importante de la economía de Ecuador, pero debe ser controlada, no podemos tener este descontrol que afecta a las poblaciones y al medioambiente”. Ella pide normas que “les permitan a los ecuatorianos convivir con la minería, como sucede en otros países”.
La respuesta estatal
El viceministro de Minería, Henry Troya, viajó a Zamora Chinchipe para articular las denuncias por las retenciones del pasado 5 de mayo, por parte de mineros ilegales. “Bajo ningún punto el Estado entra en diálogos o negociaciones con mineros ilegales que lo único que buscan es dañar el medioambiente e intimidan a la ciudadanía y a la autoridad con el uso de fuerza y violencia”, dijo el funcionario, en referencia a actos delictivos como el secuestro o agresión, así como el incendio de tres vehículos del Estado.
EL DATO
En febrero de este año, el Estado revirtió 2 mil concesiones mineras.Troya asegura que, en Zamora Chinchipe, el Estado seguirá “ahondando el control de la minería ilegal” y piensa que en Río Blanco no hay activistas preocupados por el manejo ambiental, sino “actos delictivos como atentar contra las vías públicas, afectar la propiedad privada o incendiar el campamento legalmente concedido”.
El funcionario afirma que las corrientes de agua, en este caso, están bajo monitoreos permanentes tanto de universidades ecuatorianas como consultoras internacionales.
Minería ilegal
Para él, el tema de la minería ilegal no es un problema técnico minero, sino de seguridad del Estado “por la cantidad de mafias que se organizan en torno esta actividad” y que están conectadas con otros delitos como narcotráfico, lavado de dinero o trata de personas.
Comenta que para quien cumpla con los requisitos existen cuatro tipos de minería: la artesanal, la pequeña, la de mediana escala, y la de gran escala. “Aquel ciudadano que esté dispuesto a cumplir con la normativa ecuatoriana, el Ministerio le abre las puertas para poder formalizarle”, dijo, “pero los que pretenden hacer una actividad ilegal no dialogarán con el Estado”. Por el contrario, él precisa que sus actividades deberán ser erradicadas. (MMD)
El problema de Zaruma
° El 14 de septiembre de 2017, el presidente, Lenín Moreno, declaró el Estado de Excepción por 60 días a Zaruma (El Oro). Casi un año antes, un socavón fue detectado en la escuela La Inmaculada Fe y Alegría de esa ciudad, que con el pasar de los meses se fue abriendo y se tragó aulas de clase y provocó el colapso de la unidad educativa.
El evento fue consecuencia de las actividades de la minería ilegal, realizada por sableros, quienes explotaron el yacimiento aurífero sin control del Estado y han puesto en riesgo a la ciudad patrimonial.