Esta es una semana clave para la permanencia o no de los vocales que son parte de este organismo.
Casi de manera simultánea el Consejo de la Judicatura enfrenta el proceso de evaluación de gestión por parte del Consejo de Participación Ciudadana de transición y el juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional. En las dos instancias casi coinciden los plazos para su juzgamiento en una semana decisiva.
A través de una resolución, el pleno del Consejo transitorio decidió que hasta hoy la coordinación técnica emita los detalles de la investigación realizada a la Judicatura y sus vocales.
El informe es reservado mientras no lo conozca oficialmente el Pleno del Consejo, pero debe recoger los resultados del análisis de las 704 denuncias ciudadanas presentadas contra la Judicatura. El organismo de justicia, de su parte, entregó más de 258.887 fojas de su gestión para el proceso de evaluación.
“Tiene que ser reservado hasta cuando se emita la resolución. Primero hay que conocer por parte de los consejeros y luego ser puesto en conocimiento de las personas interesadas y a quienes puedan afectar esta resolución”, dijo Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de transición.
Una vez que el Pleno y la entidad evaluada conozca el informe, el mandato otorga un plazo de entre tres y 10 días para que la Judicatura y sus vocales presenten por escrito los elementos de descargo. Vencido ese tiempo, el Consejo transitorio tiene 10 días más para convocar a audiencia pública, donde la autoridad evaluada será escuchada por 30 minutos. La resolución sobre la gestión se tomará en un plazo máximo de 5 días, a partir de la realización de la audiencia.
La resolución se notificará a la autoridad evaluada, quien dentro de los tres días siguientes a la notificación tendrá el derecho de un recurso de revisión, que deberá ser resuelto en un plazo de cinco días por el Pleno del Consejo transitorio. Si se confirma la resolución impugnada, esta será de última instancia.
Los pormenores
En diferentes intervenciones el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ha manifestado que está dispuesto a ser evaluado, pues asegura que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades que le corresponden. Él espera que el proceso se cumpla de manera técnica y objetiva.
El Dato
Alrededor de un mes durará este proceso de interpelación.
Tomás Alvear, director del Consejo de la Judicatura, solicitó a la Corte Constitucional que interprete los alcances que el mandato popular da al Consejo transitorio para la evaluación de las autoridades.
Entre tanto, distintos sectores sociales han solicitado que se destituya a los vocales de la Judicatura. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que es una acción necesaria para “recuperar la Justicia”. “Creemos que Jalkh es el responsable para que durante 10 años del correísmo se haya paseado la impunidad en nuestro país. Exigimos la destitución de quien ha tenido secuestrada la Justicia”, dijo el dirigente sindical.
En la Asamblea
Mientras el proceso de evaluación a la Judicatura se cumple en el Consejo transitorio, hoy la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sesionará a partir de las 13:00 para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político presentada en contra de Gustavo Jalkh y de los demás miembros del Consejo de la Judicatura.
El paso se da luego de que el jueves anterior el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) notificó a esta mesa legislativa sobre la calificación de la solicitud que fue presentada por los asambleístas opositores Esteban Bernal y Raúl Tello.
A partir de la reunión de hoy, serán notificadas las partes involucradas en este proceso y correrán 15 días de plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo; luego habrá otros cinco días para la elaboración del informe en el que se recomiende o no el juicio político. (HCR/RVD)
Purga
en el Gabinete
Redacción QUITO,
EFE
El presidente, Lenín Moreno, debe analizar esta semana la gestión de sus ministros tras haberles pedido la renuncia a todos, de cara a su segundo año de gestión, que comenzará el 24 de este mes.
La medida se enmarca en las políticas de revisión del desempeño de altos cargos iniciada en paralelo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.