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El caso Turi grafica la debilidad de las cárceles de Ecuador

MAY, 17, 2018 | 09:50

ILUSTRATIVA. Varias muertes en el sistema carcelario han reavivado el debate sobre este tema.

Varios hechos sucedidos en esa cárcel son fundamento del pedido de medidas cautelares ante la CIDH.
 

La muerte de un reo en el Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, en Quito, da cuenta del estado actual del sistema carcelario del país. Falleció luego de una semana y media sin medicamentos por impedimento de sus custodios. 

El pasado 10 de abril, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), junto con notables profesores de Derechos Humanos, interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares

La petición se basa en los artículos 4 y 5 del Pacto de San José, es decir, busca proteger el derecho a la vida y a la integridad de los presos, tras el escándalo suscitado en la cárcel de Turi, en Cuenca

El documento, firmado por expertos como Daniela Salazar, Juan Pablo Albán, Ramiro Ávila, Johana Villegas y Martina Rapido, se refiere a tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los presos, el asesinato de uno y un conjunto de amenazas a fiscales e investigadores a cargo del caso. 

La fiscal que más ha sufrido amenazas y hostigamiento es Claudia Romero. La intimidación ha incluido agresiones físicas de desconocidos, el robo de su celular, el despido de su hermano de una institución pública y llamadas amenazantes a su hermana.

Inredh y los firmantes buscan no solo medidas cautelares de la CIDH, sino que esta pida a la Corte Interamericana medidas provisionales contra Ecuador

En julio de 2013, el país había recibido un llamado de atención de la CIDH, donde el organismo regional estableció que presas mayores de 65 años estaban sometidas a condiciones de hacinamiento y servicios básicos e higiénicos precarios. Como las medidas de reparación implicaban la no repetición de estas acciones, se diseñó un nuevo modelo penitenciario. La cárcel de Turi, que tiene capacidad para 1.780 presos de Azuay, Cañar y Morona Santiago, se planteó como pieza de ese sistema. 

Sin embargo, en el último año ha habido 9 muertes por asesinato o supuestos suicidios en el centro, además del descubrimiento de una red de extorsión con participación de internos y administrativos. (MMD)

Caso ‘EMILIA’
° El 21 de diciembre de 2017, el sospechoso por el asesinato de una niña de 9 años en Loja fue hallado muerto en su celda, la número 12, de la cárcel de Turi. Según el relato del guardia, se lo encontró colgado con una sábana. Había sido trasladado a Turi luego de que  él y otros 2 sospechosos se libraron de un linchamiento en la cárcel de Loja. 

Según la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el supuesto suicidio se dio como resultado de la “angustia” y la “desesperación”. Sin embargo, en la misma celda se encontraban los otros dos sospechosos de ese crimen. Con este caso, la principal crítica al sistema de rehabilitación social es que, ante la posibilidad de asesinato o suicidio de un principal sospechoso, se generan escenarios de impunidad y dificultades a las investigaciones.

La tortura en Turi
° El 16 de mayo de 2016 se produjo una riña en la cárcel de Turi entre dos presos de máxima seguridad, en la que murió Guillermo Javier Quiñónez. Una requisa se realizó el 31 de mayo, con la finalidad de decomisar objetos prohibidos. 

Según el documento que Inredh envió a la CIDH, ese día 200 presos fueron víctimas de tortura. Desnudos, fueron golpeados, rociados con gas pimienta e incluso expuestos a descargas eléctricas. “Nos dijeron que no nos atreviésemos a mirarlos, que no teníamos ningún derecho y que tenían autoridad de desaparecernos”, declaró uno de los reclusos, citado en un informe de la Defensoría Pública. 

De los 200 presos, solo 13 se atrevieron a presentar una acción de Hábeas Corpus, “por temor a represalias y por las amenazas que sufren en el interior del centro”, concluye Inredh. En julio, un juez ordenó el traslado de los 13 reos a otra cárcel, además de tratamiento sicológico integral. 

Red de extorsión 
° “He venido viviendo una pesadilla, me han apuñalado en los glúteos, el pulmón. En las noches me metían a la ducha de agua fría. Me torturaban (…) pasaban los cables por medio de ventanas de una celda que había al lado. Me ponían un pie en un balde de agua, el otro en otro balde y los cables en los pulgares”. Ese es el testimonio de uno de los presos en un informe sicológico enviado a la CIDH. 

Inredh y defensores de Derechos Humanos, tras investigar, concluyeron que “la tortura se aplica, en la mayoría de los casos, para exigir dinero”. La Fiscalía de Cuenca procesó, en septiembre de 2017, a 24 personas por extorsión incluyendo al exdirector de la cárcel y excoordinadores.

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