Discriminación sistemática denunciaron activistas en el Día contra la Homofobia.
Luego de que varias Defensorías del Pueblo a nivel continental, incluida la de Ecuador dirigida transitoriamente por Gina Benavides, denunciaran la “discriminación estructural que opera” en América Latina contra las personas Lgbti, activistas por los derechos sexuales ponen la lupa sobre la Corte Constitucional. Principalmente, por mantener dos casos emblemáticos represados desde hace años, que podrían contribuir al reconocimiento de esos derechos.
La activista Silvia Buendía argumenta que la discriminación es el resultado de una “sociedad estructuralmente machista, misógina y homofóbica”, donde los postulados religiosos han calado incluso en personas que no practican la religión porque “está metido en la conciencia”.
La consecuencia, agrega, es que se pone en duda incluso en la administración de justicia, el carácter laico del Estado. “Lo tienen totalmente metido dentro de su conciencia, la idea de que Dios nos creó hombre y mujer”, dice. “Nos olvidamos de un plomazo que vivimos en un Estado laico, de que existen Derechos Humanos fundamentales”.
Pamela Troya, quien busca desde hace años que se le permita casarse con su pareja, Gabriela Correa, señala que la discriminación estructural tiene dos vertientes, una social y otra institucional. Esta última es grave en su caso, porque desde 2013 ella lucha en la Justicia.
Tras perder ante el Registro Civil y dos instancias judiciales, acudió en agosto de 2014 a la Corte Constitucional, sin resultados hasta hoy, cuando esa entidad está bajo la lupa del Consejo transitorio de Participación Ciudadana transitorio. De hecho, Troya impuso una denuncia ante ese organismo contra la Corte, en la que relata su “vía crucis judicial”.
Procesos
25,8%
de Glbtisufrió violencia en el sistema educativo dentro del país, según los datos oficiales.Troya recibió dos sentencias que le resultan increíbles. “En efecto, solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio, […] y, efectivamente, esta disposición responde a valores morales, cristianos y religiosos. Si no, ¿cómo se explica la invocación de Dios en el Preámbulo de la Constitución, valores que son propios de una Constitución que responde, aún, a una cultura conservadora y dominante […]. Por lo tanto, mientras la Constitución los mantenga son parte del ordenamiento jurídico y no se los puede negar. Por el contrario, deben ser observados y, en particular, por quienes administramos justicia”, le respondió el 14 de mayo de 2014 el juez de primera instancia, que trató su acción de protección contra el Registro Civil. Lo hizo con una pésima ortografía y peor sintaxis, que La Hora editó para facilitar la comprensión.
“Si bien los seres humanos deben ser tratados de forma igualitaria en cuanto a los derechos fundamentales, no deben serlo en todo aquello que se vean afectados por las diferencias que naturalmente existen entre ellos”, respondió la Corte Provincial de Pichincha, cuando Troya interpuso la apelación.
43,8%
de glbti sufrió discriminación en el ámbito laboral. De la Justicia ha tenido que escuchar ese tipo de argumentos, que ella considera parte de la “discriminación estructural”, mientras que de la Corte Constitucional solo ha habido silencio.
Otros sectores se oponen a esta lucha. La activista Amparo Medina escribió en su cuenta de Twitter (@Amparo_Medina): “No dejes que el mundo destruya tu familia con ideologías que la historia ha demostrado son un fracaso y siempre destruyen al ser humano”. (MMD)
Otro tema de estudio
° El caso ‘Satya’ es el otro emblemático que continúa represado en la Corte Constitucional, pese a que se realizaron al respecto dos audiencias y a que se rumorea que un borrador de sentencia está listo.
Se trata del caso de una pareja de lesbianas, de origen inglés, que procrearon una niña mediante mecanismos de maternidad asistida y el Registro Civil les ha negado la posibilidad de inscribirla como hija de la pareja. “En la práctica, el Estado ha sido sistemático en obstaculizar el avance de derechos”, dice Pamela Troya, en un contexto en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 24, determinó que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las heterosexuales.
Datos del INEC
Sobre este grupo poblacional
° 77,1% es legalmente soltero y el 16% vive en unión de hecho.
° 45% ha considerado la posibilidad de ser padre o madre.
° 58% no tiene acceso a seguridad social.
° 94% es parte de la población económicamente activa.
° 61% acepta que ha sufrido experiencias de violencia en el entorno familiar.