Comunicación: la tarea de la Defensoría del Pueblo a debate

Debate. La Defensoría del Pueblo debe definir sus competencias de cara a la comunicación.
Debate. La Defensoría del Pueblo debe definir sus competencias de cara a la comunicación.

Es un punto que mayor análisis en el Legislativo. El CAL aún debe calificar el proyecto.

El papel que tendrá la Defensoría del Pueblo al acoger las quejas de quienes se vean afectados por los contenidos que difundan los medios se avizora como uno de los contenidos críticos en el debate de los cambios a la Ley de Comunicación.

En legisladores de bancadas de oposición, principalmente, hay la inquietud de que esa institución sea politizada y se convierta en una nueva Superintendencia de Comunicación.

“Si el espíritu es para defender los derechos de los ciudadanos, no para vigilar a los medios, me parece que puede ser una buena iniciativa”, expresó Fernando Burbano, legislador independiente.

En el documento se precisa que “quien se considere agraviado podrá acudir a la Defensoría para que otorgue de manera inmediata medidas de restitución de derechos”. Además, se deja la puerta abierta para que esta institución “active el patrocinio en acciones constitucionales; o, solicite el juzgamiento y la sanción ante autoridad competente según corresponda” cuando se vulnere un derecho.

Nuevo rol
De acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo, una vez que las reformas sean debatidas y en entren en vigor, la Defensoría del Pueblo tendrá hasta 180 días para definir un plan en el cual se definan las competencias que pudiera asumir de cara a los derechos de la comunicación.

En la institución, entre tanto, las autoridades están analizando la propuesta oficial y se estima que la próxima semana se formulen pronunciamientos públicos para enriquecer el debate.

Opciones
Por eso, el socialcristiano Luis Fernando Torres sostuvo que en el tratamiento de este proyecto se deberán definir con precisión los alcances, pues acotó que sería “grave” que la Defensoría “también quiera asumir alguna potestad sancionatoria”.

5
años han pasado desde que fue aprobada la denominada ‘Ley Mordaza’.
Elio Peña, de Pachakutik, advirtió que con base a cómo esa entidad actuó en el correísmo “corremos el riesgo de que se politice” como, a su juicio, sucedió con la Supercom.

El legislador agregó que tampoco se puede “dejar a libre albedrío la administración o la práctica de la comunicación social”, sino que “tiene que haber un organismo” que se encargue de tutelar este derecho. Tiene que ser un organismo que reúna a los diferentes actores de la sociedad”.

El oficialismo
En Alianza PAIS, afín al presidente, Lenín Moreno, aún no hay una postura consensuada, indicó Kharla Chávez. Pero Verónica Arias, una de sus aliadas, reiteró que no está de acuerdo con el fin de la Supercom.

“Necesitamos una institución que aplique la Ley. La Defensoría del Pueblo no tiene facultad coercitiva. Si un ciudadano pide el derecho a la réplica, a la rectificación ¿a qué autoridad va a acudir?”, increpó.

El cierre de la Supercom también supondrá la eliminación de las medidas administrativas en contra de los medios de comunicación, como las multas, pero en última instancia será un juez el que decida una sanción si no se cumple con los derechos a la réplica y rectificación. (RVD)

FRASES

El objetivo no es tener una miniSupercom”. Andrés Michelena, secretario de ComunicaciónPasar de un órgano inquisidor a otro órgano inquisidor no lo podemos permitir”. Fernando Burbano, legislador independiente.

Se apuesta por la autorregulación
° En la propuesta de reformas del Ejecutivo también se establecen “normas mínimas” que deberán tomar en cuenta los medios de comunicación para la elaboración de sus códigos deontológicos (que tienen que ver con la ética de estos frente a sus audiencias). Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, explicó ayer en radio Sucesos que la idea es que los medios avancen en un proceso de autorregulación o control de calidad de sus productos, de tal forma que no se afecte la honra ni el buen nombre de nadie. “Hoy ya no hay una instancia que deba regular, controlar y sancionar por el incumplimiento –dijo Michelena–, sino que pasamos a un verdadero estado de respeto de derechos”.