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3 nacionalidades indígenas llevaron sus exigencias a Quito

MAY, 23, 2018 | 09:56

ENCUENTRO. Parte de las delegaciones en los instantes previos a la reunión en la Defensoría del Pueblo.

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Llegaron con sus vestidos tradicionales, al extraño clima de Quito, frío para ellos. Eran representantes de las nacionalidades waorani, de Pastaza; siona, de Wisuya; y ai cofán sinangoe, que llegaron a la capital para tener reuniones con autoridades del Estado sobre sus problemas. 

La más larga de este martes, fue con Francisco Hurtado, defensor adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. También acudieron al Ministerio de Hidrocarburos y tienen reuniones previstas en el Ministerio de Ambiente y la Vicepresidencia.

La abogada y defensora de DD.HH. María Espinosa, que los acompañó, expresó que cada una de estas nacionalidades están afectadas por problemas particulares que afectan sus derechos y que tienen que ver con actividades extractivas en sus territorios

Por eso, los waoranis presentaron a Hurtado una solicitud para que la Defensoría respalde, incluso con acciones jurisdiccionales, la decisión de esa nacionalidad, en uso de su derecho a la autodeterminación, de no permitir la explotación petrolera en el Bloque 22, que afectaría su modo de vida y que, además, no les fue consultada. 

“Vamos a hacer una investigación para tener información también por parte del Estado sobre el Bloque 22, para lo que requerimos la colaboración de las entidades públicas y, a partir de ese momento, la Defensoría, en acuerdo con las comunidades, tomará la decisión más adecuada”, ofreció Hurtado, y recordó que es facultad de la Defensoría hacer una investigación y hacer un exhorto. “Pero también podemos iniciar acciones jurisdiccionales de protección de derechos”, aclaró. 

19
comunidades waorani participaron el sábado de una asamblea en Pastaza. 
Mientras, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, pidió paciencia “a los hermanos indígenas porque en las próximas semanas se va a llevar a cabo un proceso de socialización y mesas de trabajo en el territorio”. Además, anunció que la licitación de la ronda suroriente se va a realizar el último trimestre de este año. (MMD)

Caso waorani
°  Este pueblo denunció el proceso inconsulto de licitación del Bloque 22, dentro de lo que el Estado ha denominado la Ronda Suroriente. Este proceso se realizó sin éxito entre 2012 y 2013, y nuevamente, durante el segundo semestre de este año, se pretenden licitar varios bloques de la Amazonía sur, entre ellos el 22. Delegados de 18 comunidades waoranis de Pastaza anuncian su decisión de “no permitir actividades petroleras en su territorio, dado que esto pone en grave amenaza sus modos de vida”. “Los mapas con los cuales el Estado genera las ofertas de licitación hacia las empresas petroleras, no han sido elaborados desde la lógica ni desde la realidad de las comunidades, y para las comunidades, especialmente para el pueblo waorani, la relación con el territorio es el centro de su vida”, dice la abogada María Espinosa. “Nuestro territorio no está a la venta, ni pretenderán negociar porque las familias estamos en lucha”, agregó el vocero Tomas Nigua. “Queremos que nos respeten nuestra casa”. 
 

Caso cofán
° La nacionalidad ai cofán sinangoe, de Sucumbíos, denuncia que más de 10 concesiones mineras afecta la vida natural en su territorio, especialmente a orillas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes, lo cual vulnera su derecho al agua. Las concesiones se entregaron a personas naturales o empresas, con el fin de explotación de recursos auríferos. Álex Cusitante, vocero de la comunidad, denunció que “se han entregado concesiones mineras en las cabeceras del río Aguarico, que es uno de los más importantes en la provincia”. Concesiones entregadas de manera inconsulta, según el vocero, ya que no participaron los que serán afectados directamente. 

También denuncian la falta de respuesta de las autoridades, tanto del Ministerio del Ambiente como de la Fiscalía, a los cuales han comunicado sus problemas. “Vivimos directamente del río, tanto como nuestros abuelos, para tomar medicina, lo hacen en el río con el agua del río, nuestras mujeres e hijos se bañan en el río, pescamos en el río. Eodo eso, nuestra forma de vida, está siendo amenazada”. 

Caso siona
° El pueblo siona de Wisuya pide a la Defensoría acciones ante la situación en la frontera con Putumayo, donde un convenio binacional colombo-ecuatoriano entre Petroecuador y Amerisur realiza actividades petroleras que implican un ingreso arbitrario e inconsulto a su territorio, causando graves afectaciones ambientales. 

Todo este problema se da en el contexto de la presencia de grupos armados, tanto de disidentes de las FARC como paramilitares, que impide que la comunidad realice en paz sus actividades culturales y que los pone en peligro. 

Sandro Piayajue, vocero de los siona, expresó que existe “mucha contaminación” que junto al contexto de la violencia lleva a la comunidad a sentir un “abandono del Estado”. “Han hecho una contaminación a sitios sagrados. Hasta el momento, hemos hecho muchas denuncias. En primer lugar, queremos el respeto hacia la vida, que significa las plantas, el agua, nuestra cultura. Esto ha afectado nuestra forma de subsistir, hemos estado confinados ante la violencia”. 

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