Que se haya dejado la puerta abierta a la concentración de frecuencias de radio y televisión, en manos de tres grupos empresariales, es uno de los principales hallazgos del examen realizado por la Contraloría al concurso que arrancó en abril de 2016.
La lectura del borrador dejó en entredicho al proceso que llevan adelante la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom) para otorgar 1.472 permisos de operación.
Entre las irregularidades, se alude a la conformación de empresas poco antes del concurso, incluso con una misma dirección domiciliaria, la transferencia de acciones o el cambio de sus representantes legales, sin que las autoridades lo hayan impedido.
Grupos favorecidos
Contraloría estableció que así se favoreció a tres grupos. Al primero de ellos lo catalogó como ‘Grupo A’, compuesto por 12 empresas que concursaron para 46 frecuencias, de las cuales 37 fueron calificadas y cinco adjudicadas con el título habilitante.
El ‘Grupo B’ está conformado por 18 empresas que postularon para 19 frecuencias, todas calificadas y adjudicada una de ellas. Y, el ‘Grupo C’, con cinco empresas que concursaron para 13 frecuencias, de las cuales cinco fueron calificadas y a dos se les otorgó títulos habilitantes.
Si bien el organismo en su informe no identificó a los accionistas de esos conglomerados por su nombre, sino solamente proporcionó los números de sus cédulas de identidad, en su orden, salieron a relucir las marcas Canela, Ecuadoradio y Capital televisión de Manabí.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, precisó que corresponden a empresas que lideran el asambleísta oficialista Jorge Yunda, el empresario mexicano Ángel Remigio González (‘El fantasma’) y el manabita Lenín Andrade.
Jorge Yunda no se pronunció. En cambio, el grupo Ecuadoradio está analizando el tema con sus asesores legales.
Reacciones
Tan pronto concluyó la lectura del documento, Ana Proaño, exdirectora de Arcotel, responsable del concurso, se retiró sin hacer comentarios. “No voy a hablar de eso porque es un examen borrador”, enfatizó.
Tampoco lo hizo Tamara Merizalde, expresidenta de Cordicom, pero Erika Torres, una de sus vocales, precisó que la Contraloría les dio cinco días para que entreguen pruebas de descargo.
Para Juan Carlos Solines, vocero del Observatorio de Frecuencias, este informe demuestra que se construyó un “entramado” de empresas “para tratar de engañar a la autoridad y tratar de presentarse como que fueran postulantes distintos”. (RVD)
Sobre medios comunitarios
° Otra de las observaciones de la Contraloría tiene que ver con las ‘acciones afirmativas’ (o puntaje de ventaja de hasta un 30%) que se les concedió a los medios de comunicación comunitarios para el concurso, ya sea por experiencia acumulada o proyectos comunicacionales. El organismo señaló que aquello no tiene sustento legal y que tampoco correspondía aplicar al inicio del proceso. Sin embargo, Erika Torres, consejera del Cordicom, afirmó que para ello actuaron apegados al artículo 86 de la Ley de Comunicación.
Informe borrador
Principales conclusiones
° No se estableció un plazo para que el Cordicom emita su informe vinculante en el concurso.
° Se dieron hechos que violentaron la igualdad de oportunidades y seguridad jurídica de los participantes en el concurso.
° El proceso llevado adelante por Arcotel “dejó abierta la concentración de frecuencias”.
° El organismo incumplió las atribuciones que tenía para impedir la transferencia de acciones o el cambio de representantes legales de los concursantes.
° En el caso de Televisión Satelital, el organismo permitió que este medio siga participando del concurso a pesar de que incumplía requisitos técnicos.