Hay vacíos en propuesta de reforma a Ley de Comunicación

La Comisión de Derechos Colectivos del Legislativo será la encargada de tramitar las distintas propuestas de reformas a la Ley de Comunicación.
La Comisión de Derechos Colectivos del Legislativo será la encargada de tramitar las distintas propuestas de reformas a la Ley de Comunicación.

Calidad de información, mensajes de interés general, contenidos de difusión obligatoria para los medios… Estas son algunas categorías que concitan preocupación y debate en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), enviada a la Asamblea por el presidente Lenín Moreno.

“¿Quién establece qué es eso?”, increpa Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. “Precisamente aquello puede dar lugar al abuso por parte de autoridades públicas –apuntó– y este tipo de terminología tiene que ser analizada de manera objetiva en la Asamblea Nacional”.

El primero aparece en el artículo 17 del documento en el cual se plantea sustituir la frase “Derecho (de la gente) a recibir información de relevancia, veraz”, que consta en la norma en vigor, por “Derecho a recibir información de calidad” a través de los medios.

Espinel agrega que “uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido la creación de leyes que son altamente subjetivas y que, precisamente, son interpretadas con discrecionalidad”, por las autoridades.

Sin embargo, considera que en la actualidad “existe una coyuntura legislativa bastante interesante que ha dado lugar a mayorías móviles”. Esto, en su criterio, supone una oportunidad para que, aun desde la oposición legislativa, se hagan propuestas que eviten una discrecionalidad de la norma.

“Esto es sano para nuestra democracia y sano por el debate legislativo. Creo que ha vuelto el punto en el cual los asambleístas retoman su rol, en el cual tienen que establecer sus argumentos y llegar acuerdos”, sostiene Espinel.

Lo que falta

Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, menciona que hacen falta artículos relacionados con transparencia y acceso a la información, con regulaciones sobre publicidad oficial y sobre la promoción personal de autoridades en la ejecución de obras.

Considera que se debiera regular el uso de los medios públicos para evitar que sean usados con fines de proselitismo en tiempos de campaña. Su organización tiene lista una propuesta para llevarla al Parlamento.

La reforma se analiza en la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos, a la cual prevé acudir la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, con sus planteamientos.

En criterio de Fierro, “el marco conceptual de esta ley continúa todavía intocable” con la propuesta del Ejecutivo. “Pienso que el Presidente perdió la oportunidad de realmente promover un cambio radical en la base conceptual de esta ley”, remarcó”.

Para este día, la Comisión tiene previsto recibir al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, sobre los alcances de la propuesta presentada el 21 de mayo pasado.

Peligros del proyecto

Aunque el proyecto reformatorio a la LOC ha sido aplaudido por eliminar la criticada Superintendencia de Comunicación (Supercom) así como la figura del linchamiento mediático aún encierra algunos peligros para la libertad de expresión. Analistas sostienen que la norma debe estudiarse a fondo, para que no conserve el mismo espíritu de la Ley que intenta reformar y para eliminar esos términos ambiguos, que dieron cabida a interpretaciones y discrecionalidades en la década correísta.

El proyecto de reforma, por ejemplo, busca cambiar el “derecho a recibir información de relevancia pública veraz” por “derecho a recibir información de calidad”. En las normas mínimas deontológicas que el proyecto propone, consta una relacionada con el ejercicio profesional, que dice: “Evitar la utilización de estímulos comunicacionales que fomenten actitudes morbosas en torno a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes, u otros eventos trágicos o de violencia”. ¿Es correcto que una Ley plantee valoraciones tan subjetivas como “calidad” o el adjetivo “morbosas” para actividades periodísticas?

El abogado y experto en libertad de expresión, Juan Carlos Solines, piensa que la “metodología y estrategia de proyectos de Ley del correísmo” solían contemplar “caramelitos”, es decir, temas que puedan generar apoyos de sectores de la sociedad, como la cuota de los artistas en la LOC, y luego “la trampa, orientada siempre a tener más herramientas de control y poder, en el caso específico de esta Ley, las zonas grises, ambiguas”. Es decir, dice Solines, los espacios de la Ley donde se “adjetivizaba la información” y otros conceptos, que sirvieron para crear “discrecionalidad y abuso”.

Imposición de ideología

El periodista Juan Carlos Calderón, explica que el correísmo usó el lenguaje, la semántica, los significados y ciertos símbolos para imponer su ideología. En su opinión, toda la estrategia se conecta, por ejemplo, cuando en la Constitución se declaró a la comunicación como servicio público, no con el ánimo, según él, de asimilarla al agua potable, sino a volverla una política pública. “Es convertir al periodismo o a la comunicación en una política pública bajo la rectoría o la tutela del Estado y, claro, cuando ves una Ley con términos de calidad o términos deontológicos, le estas quitando al público básicamente el derecho a interpretar o tener el libre flujo de la comunicación”, dice el periodista. (RVD/MMD)

“El problema no era la Supercom o Carlos Ochoa, era Ochoa utilizando las ambigüedades y espacios de discrecionalidad que daba la Ley”. Juan Carlos Solines, abogado y experto en libertad de expresiónCalidad o
buenas prácticas

“La calidad es una valoración, después nos pedirán ISO 9000”, dice, “la calidad se puede medir en procesos industriales o en procesos administrativos, de acuerdo con al adecuado cumplimiento de ciertos protocolos”, comenta el periodista Juan Carlos Calderón, pero piensa que no se puede medir taxativamente la calidad de la comunicación, “porque el lenguaje precisamente es vivo, parte de una interpretación o representación de la realidad, en esos términos no puedes medir una representación, es un absurdo”.

Con esto, no quiere decir que el periodismo no tenga buenas prácticas, que según él son propias “al ADN de una buena redacción”. Pero son compromisos de los periodistas y el medio con su público, que no se pueden romper y donde nada tiene que ver el Estado.