A las 16:00 de este jueves, la Asamblea sesionará para pronunciarse sobre la autorización pedida para vincular al expresidente Rafael Correa a la instrucción fiscal por el secuestro del activista político Fernando Balda. El pedido fue remitido por la jueza nacional Daniela Camacho. Una de las principales posibilidades que se barajan es que la Asamblea, al igual que hizo en 2000 el Congreso con Jamil Mahuad, resuelva que no le corresponde emitir autorización de juicio para expresidentes.
El asambleísta socialcristiano Luis Fernando Torres, considera que es correcto que el Pleno se pronuncie, ya que el Legislativo es colegiado. Sin embargo, cree que solo hay una respuesta en Derecho. “A la Asamblea no le corresponde autorizar el enjuiciamiento penal del expresidente”, dice, “tiene que contestar a la jueza indicándole que no tiene que pronunciarse y que prosiga, para ello existe un antecedente de lo que ocurrió con Mahuad”.
Otras acciones
Mientras tanto, el caso Balda sigue su curso. Este miércoles continuó la audiencia reservada de extracción y exhibición de la información del ‘pendrive’ entregado por Raúl Chicaiza, el exagente de Inteligencia que participó en el secuestro de Balda. De hecho, Chicaiza acudió a Criminalística ayer, a este tercer día de diligencia, para expresar qué documentos y audios son relevantes.
Desclasificación
Por su parte, el fiscal Paúl Pérez, dentro de la instrucción por el caso, ha pedido a la Contraloría copias certificadas de la documentación de la cual disponga sobre los gastos de la Senain en torno a la Operación Wilson (el seguimiento a Balda). Asimismo requiere información sobre los cheques de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional (DGI), por USD 10.000 y USD 11.280, girados a favor del agente Raúl Chicaiza.
De su parte, el contralor Pablo Celi ha solicitado a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, la desclasificación de la información relacionada con estas operaciones, particularmente sobre los cheques de la DGI. El fin: conocer a qué egreso corresponden.
Contradicciones
Hasta el momento, al consultar el expediente es posible identificar divergencias entre las versiones de Correa y su exsecretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. Este último expresó que fue enviado a Colombia para verificar si Balda estaba allí con estatus migratorio irregular. Cuando Pérez le preguntó quién le envió, Vallejo respondió: “El presidente de la República”. También dijo que al volver a Quito, informó al primer mandatario sobre sus acciones en Bogotá.
La versión de Correa señala, en cambio, que se enteró de que Balda estaba en Colombia porque él “difundía fotos”, incluso con el expresidente Álvaro Uribe. Pérez preguntó si alguno de sus subordinados le informó la ubicación de Balda, Correa insistió que “se conocía porque Balda enviaba fotos a las redes sociales”. (MMD/IFP)
Posible relación genera amenazas
° La reacción de los seguidores del expresidente Rafael Correa, ante la posibilidad de vincularlo al caso Balda, ha incluido graves amenazas de hechos violentos. El usuario de Twitter (@ramipio23) Ramiro Pillajo escribió el 11 de junio: “Se me-ten con Correa y salimos a matar y explotar los canales de tv como Teleamazonas y Ecuavisa y también el resto de canales vendidos”. Laura Martínez, con la etiqueta #NoSeMetanConCorrea escribió: “Están jugando con fuego, la paciencia de un pueblo sabio se está agotando, tocan a @MashiRafael y arde Troya, desde la Amazonía llevaremos a los reductores de cabeza para frenar tanta persecución de desleales”. El usuario de Facebook Eduard Tixi escribió: “Este ladrón se mete con Correa y yo personalmente lo mato a este, a su mama, a sus hijos, a su nieta, y si ya tiene muerta a su mama la vuelvo a matar” (La Hora corrigió ciertos errores ortográficos de estos pronunciamientos para facilitar la lectura).