Elizabeth Cabezas ofreció transparencia y escuchó a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y al perito Roberto Meza.
La Asamblea fue otro de los espacios en donde las revelaciones del perito argentino, Roberto Meza, sobre el asesinato del general Jorge Gabela, provocaron un “remezón político”.
De hecho, ayer la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, lo recibió en su despacho junto a Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y de Jessica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia.
En los pasillos no se hablaba de otra cosa que de las declaraciones de Lenin Lara, exministro de Justicia, que convalidaban la versión del perito: que el Ministerio de Justicia recibió el tercer informe en 2013. Y, de hecho, en esta cartera ya se conocía, desde el 15 de mayo de ese año, que el crimen de Gabela no fue un acto relacionado con la delincuencia común.
Fabricio Villamar, de CREO, y el general en servicio pasivo, ahora legislador independiente René Yandún, consideraron que el Parlamento “no puede abstraerse de un tema que enluta al Ecuador entero”. Villamar, de hecho, pidió que la comisión de Relaciones Internacionales reciba a Patricia Ochoa y Jéssica Jaramillo la próxima semana.
Documentos
Ochoa, por lo pronto, solicitó a Cabezas que entregue a la Fiscalía toda la información que hace ocho años proporcionó el general Gabela a la Asamblea, cuando se investigaba sus denuncias de irregularidades en torno a la compra de los helicópteros Dhruv.
EL DATO
Desde el 15 de mayo de 2013, el gobierno del presidente Rafael Correa ya conocía que el crimen del general Jorge Gabela no respondía a un hecho de la delincuencia común.
“En este recinto legislativo –dice Patricia Ochoa- reposa documentación suficiente que aporte a esclarecer la compra de los Dhruv y el asesinato de mi esposo”. Para su familia este crimen configura un “delito de Estado”.
A ese pedido se suma el legislador Villamar, quien pedirá que se recuperen todas las actas y documentos en el proceso previo al juicio político a Javier Ponce, exministro de Defensa, liderado por Fausto Cobo, asambleísta en 2010. El exlegislador de Sociedad Patriótica recordó que desde ese año reposa en la Fiscalía una denuncia penal en contra del exministro Ponce, a quien responsabiliza de firmar el contrato de los helicópteros por USD 45,2 millones.
En esta misma línea, Villamar no descarta pedir que el Legislativo convoque a Ponce y a los excomandantes y generales de la FAE que conocieron el proceso de los Dhruv.
Ramiro Román, defensor de Patricia Ochoa, dijo que espera que los exasambleístas Fernando Cordero, Gabriel Rivera, María Augusta Calle, Fernando Bustamante, entre otros, también aporten con información.
45,2
millones fue el monto del contrato de los Dhruv. Lo firmó Javier Ponce.“Estamos en una indagación. Ya no hay delincuencia común, estamos en un delito de Estado, un delito de lesa humanidad que tiene que investigarse, que llegó a los DD.HH. y estos son imprescriptibles”, puntualizó.
Voluntad por transparencia
“Aunque no es competencia de la Asamblea, porque el caso está en manos de la justicia, es mi deber como presidenta, escuchar todas las versiones posibles, pues somos el máximo órgano de la democracia en el país”, escribió ayer en su cuenta de twitter la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, tras pedir que el tema no se politice. “Admiro la fortaleza de Patricia Ochoa al haberse puesto al frente de esta dolorosa situación que he seguido de cerca. Hoy existe la voluntad de transparentar la información”.
Investigaciones
EL DATO
En 2014, desde el Comité Interinstitucional y a nombre César Ochoa, viceministro de Justicia, se pidió a Roberto Meza omitir 35 páginas y anexos de sus informes.La legisladora socialista Silvia Salgado, quien presidió la Comisión de Fiscalización de la que ahora también forma parte, aclaró que lo que su mesa investigó fue el cumplimiento del contrato, antes de que los Dhruv cayeran.
“Pero más que un tema netamente político –dijo Salgado-, se identificó un problema interno de las Fuerzas Armadas, un problema interno de comisiones que técnicamente sustentaron la adquisición”. (RVD/IFP)
Lenin Lara recibió tercer producto
° El exministro de Justicia y actual alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, aseguró que el informe final del perito argentino quedó en custodia de la Secretaría del Ministerio de Justicia, que luego pasó a conocimiento de la Presidencia de la República y que, según él, no fue manipulado.
Recordó que una de las observaciones que se hicieron fue que si se había hecho un comparativo con las productoras aeronáuticas en el mundo entero, es decir, comparar la calidad de los helicópteros Dhruv como, por ejemplo, con los hechos en Israel.
En relación a que si constaba o no la versión de que la muerte de Gabela no fue un delito de delincuencia común, Lara manifestó que el perito era la persona indicada para decir si recibió o no el proceso, el que determinaba con claridad que recibido el informe tenía que ser tratado por un Comité interinstitucional, ente que lo aprobaría y pasaría a la Presidencia de la República (FHI)
El tercer informe
Un complejo ‘florón’
1.- El 3 de octubre de 2012 se crea el Comité Interinstitucional. Para entonces Diego Guarderas, actual funcionario de Presidencia, era subsecretario en el Ministerio de Justicia.
2.- El 15 de mayo de 2013, Marco Prado, como coordinador jurídico de Justicia, suscribe el acta de constancia de recepción del segundo informe. En las actas del Comité Interinstitucional ya se lee que el crimen de Jorge Gabela no fue por delincuencia común.
3.- El 19 de junio de 2013 Lenin Lara asume la cartera de Justicia. El 8 de julio se reúne el Comité Interinstitucional y se recibe el tercer informe.
4.- El 16 de agosto de 2013 se reúne el comité interinstitucional recibido el producto pide al perito ampliación del informe.
5.- El 2 de septiembre de 2013 se suscribe el acta de entrega-recepción del tercer informe y se dispone el pago al perito.
6.- El 4 de septiembre de 2013 se solicitó la adquisición de una caja fuerte para custodiar el documento.
7.- El 18 de noviembre de 2013 se reúne el Comité Interinstitucional para revisar el informe y solicitar cita a Rafael Correa, presidente en ese tiempo.
8.- Lenin Lara renuncia al Ministerio de Justicia el 20 de noviembre de 2013. José Serrano, para entonces ministro del Interior, se encarga también de Justicia.
9.- En 2014, el perito Roberto Meza revela que le pidieron eliminar páginas de su informe, esencialmente las relacionadas con los helicópteros Dhruv.
10.- Ledy Zúñiga, ministra de Justicia en 2015, presenta un informe sin firma ni sumillas del perito Meza. La funcionaria dice que en la investigación se concluye que fue delincuencia común…