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Una década tras las rejas por explotación sexual

JUN, 25, 2018 |

VÍCTIMAS. La mayoría de víctimas eran oriundas de Cuba. (Ilustración: El Universal)

Las autoridades confirmaron que la mujer integraba una organización de trata con fines de explotación sexual.
 

Una nueva persona fue sentenciada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de Rosali R., quien fue vinculada al caso ‘Medusa’, cuya investigación arrancó el 2014. Ese año, las autoridades ejecutaron un operativo en varios centros de tolerancia de Quito, se efectuaron detenciones y 10 personas fueron sentenciadas entre 10 y 15 años de prisión. 

A ellas se sumó recientemente Rosali R., quien fue condenada a una década de cárcel en calidad de autora del delito de carácter sexual.  

Según las investigaciones impulsadas por Fiscalía, la mujer era la encargada de ubicar a mujeres extranjeras, principalmente provenientes de Cuba, en ‘night clubs’ capitalinos. 
 

La travesía
El engaño del que eran objeto las víctimas se gestaba en su país de origen. Ahí, los nexos de la red ‘Medusa’ ofrecían a las muchachas plazas de empleo en Ecuador. Les decían que iban a trabajar de meseras en bares, restaurantes y discotecas y que la paga iba a ser digna. La condición que les ponían era que debían primero cancelar 1.500 dólares por supuestas cartas de invitación. En el rubro también estaban incluidos los pasajes. 

Las víctimas adquirieron la deuda con la organización delictiva que asumía el costo.

Con la ilusión de mejores días para ellas y su familia, las muchachas viajaban a Quito, pero se ‘estrellaron’ con una realidad diferente a la que les ‘pintaron’.

Ya en la ciudad, las mujeres se contactaban con Rosali R. Ella les decía que no había empleo en el país y que la única alternativa para obtener réditos económicos es ingresar al mundo de la prostitución. Si las afectadas se negaban, otros miembros de la organización delictiva amenazaban con atentar contra la vida de familiares de las víctimas. 

Además, la deuda de 1.500 dólares adquirida debía saldarse, de lo contrario corrían altos intereses que incrementaba el rubro inicial. 
 

Prueba contundente
El fiscal Javier Bósquez, presentó a los jueces que conformaron el Tribunal de Garantías Penales dos testimonios anticipados de víctimas que aseguraron haber sido obligadas a prostituirse. Esto fue determinante para que las autoridades judiciales tomaran una decisión respecto al futuro de Rosali R., quien ya está en un centro de rehabilitación social. (FLC)

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