Redacción QUITO
La Veeduría por la Democracia, instancia de la sociedad civil integrada por juristas que analizan la labor del Cosejo de Participación transitorio, hizo una evaluación de este organismo al cumplir tres meses de funciones.
Según los veedores, las decisiones del organismo de transición han generado legitimidad y apoyo ciudadano.
Sin embargo, considera que en el tema de evaluaciones no se pueden quedar en la cesación de los funcionarios, como en el caso de Ramiro Rivadeneira, ex Defensor del Pueblo o de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Para la veeduría, lo importante es cumplir un seguimiento a los patrimonios de esos exfuncionarios, para verificar en cuánto se incrementaron durante el lapso que ejercieron los cargos.
Además, plantean la necesidad de establecer una normativa para el caso de los encargos de los puestos donde se dieron las cesaciones. Aseguran que no pueden quedarse en la designación de «notables» ya que es importante verificar que sus hojas de vida se ajusten al perfil profesional del cargo.
La veeduría lo integran César Ulloa, Jorge Benavides, Salim Zaidán, Lotty Andrade, y Javier Murillo. (HCR)