Tráfico de órganos

Kléber Mantilla Cisneros

La cantidad de niños y adolescentes desaparecidos los últimos años exige una investigación en varios niveles. Está confirmado que la estructura política del gobierno anterior se sustentó en secretismos, corrupción y persecución de personas como ejes matrices de varias políticas públicas que instalaron actividades mafiosas de alto riesgo.

En materia de salud, el correato construyó la donación de órganos, tejidos y células a través del documento de identidad con una ley que nunca pasó filtros de seguridad ni algún debate científico previo su aprobación. Sin embargo, la industria mundial del tráfico de órganos podría ocultarse tras la terrorífica cantidad de desaparecidos.

En 2012, un 92% de ecuatorianos que renovaron su documento de identidad se convirtieron en potenciales donantes. Años posteriores, casi una totalidad abarcó a jóvenes que sacaron su identificación por primera vez. Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos, se contabilizan 4.402 casos, un 67% mujeres. Tienen entre 11 a 27 años. Aquel año se diseñó una plataforma tecnológica confidencial y una base de datos para sistematizar trasplantes de córneas, hígados y riñones con donantes cadavéricos en el Registro Civil.

El tráfico de órganos es una actividad criminal organizada para proveer material humano a pacientes usualmente de países ricos. Alemania y Japón constan entre los demandantes; India, Brasil y Tailandia, entre lugares de abastecida. Human Rights Watch señala que se extraen ilegalmente en China tres mil órganos de prisioneros por año. En el mercado negro los precios son desorbitados. Un riñón puede bordear sobre los 250 mil dólares.

El caso del futbolista del Barcelona de España, Eric Abidal, involucrado en la compra ilegal de un hígado, delató modificaciones preocupantes en la legislación ibérica, pues los trasplantes hoy se realizan bajo autorización estricta de un juez. En Ecuador el proceso judicial por la desaparición del joven David Romo confirmó la existencia de clínicas y centros de adicción clandestinos pero, además, de una estructura política, policial, administrativa y mafiosa que lucró durante una década y evadió hallazgos.


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