Durante la administración de Gustavo Jalkh se dejaron puntos pendientes sobre violencia de género.
El Consejo de la Judicatura determinó cuatro ‘nudos críticos’ en la atención a víctimas de violencia de género, que no se resolvieron durante la administración de Gustavo Jalkh. Esto, a pesar de que se emitieron dos reglamentos para la aplicación de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
El déficit de profesionales es el primer problema. Un ejemplo es la falta de sicólogos en las unidades judiciales que reciben estos casos, hasta el punto que los turnos para la “estabilización de la víctima e informes periciales” están agendados hasta 2019.
A esto se suma la escasez de médicos legistas, encargados de la atención de delitos y de realizar pruebas periciales válidas para el proceso judicial. En las Unidades Judiciales de Pichincha, existe un solo médico legista, mientras cuatro son de contravenciones.
Además, “la capacidad de despacho de jueces especializados actualmente no llega ni al 50% de lo que se necesita para atender con el mínimo de calidad y cumplimiento de estándares internacionales”, señala un informe de la Judicatura.
Otros problemas
La aplicación de la Ley tenía que iniciar el pasado lunes, sin embargo, esto no se dio debido a que no existían las condiciones para hacerlo. “Faltan médicos legistas, defensores públicos, trabajadores sociales, sicólogos y personal”, cuestionó la vocal de la Judicatura, Zobeida Aragundi, quien además dijo que las unidades de violencia requieren computadores, mesas, sillas e insumos médicos.
EL DATO
La Ley Orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres entró en vigencia el 5 de febrero. El déficit en infraestructura de atención es el segundo nudo crítico. De los 221 cantones del país, solo 34 cuentan con cobertura de atención especializada con 72 jueces. El resto de la infraestructura del sistema judicial son 187 unidades judiciales penales y multicompetentes con 172 jueces, que deben asumir los casos.
“Es inaudito que en este edificio (el de la Judicatura en Quito) encontramos que hay más de mil empleados, y una unidad de violencia tiene apenas nueve”, añadió la vocal, quien no comprende la lógica con la que funcionaba la anterior administración.
El tercer problema es la ausencia de estudios que determinen cómo está la situación, por lo cual, la Judicatura comenzó un plan piloto en Quito para levantar información y capacitar a operadores de justicia sobre la Ley. Finalmente, el cuarto nudo crítico es la inexistencia de protocolos de atención para proteger a niños y adolescentes. (AGO)
Requerimientos
De más personal
° 28 médicos peritos
° 8 peritos
° 9 trabajadores sociales peritos
° 52 médicos de primera acogida