87 niños huérfanos por femicidios

derechos. El número de femicidios y desapariciones suscita amplias redes de solidaridad que reclaman al Estado una lucha contra la impunidad.
derechos. El número de femicidios y desapariciones suscita amplias redes de solidaridad que reclaman al Estado una lucha contra la impunidad.

Esta es la población atendida por el Estado desde 2017. La Cedhu, sin embargo, habla de 51 femicidios en lo que va de 2018, con 62 niños y adolescentes huérfanos. La mayoría corresponde a mujeres menores de 12 años. Abuelas maternas y tías quedan a cargo. Si no hay este vínculo, se busca familias acogientes.

La niña dejó ya la educación inicial y ahora camina por la vida de la mano de su abuelita. Su fortaleza y una melena libre, castaña y llena de bucles, son herencias de su mamá. Ella ya no está: Vanessa Landínez fue asesinada en 2013 en Ambato.

En Cuenca, tres niños también crecen al abrigo de su abuelita. Su madre fue asesinada por su esposo, el padre de los chicos.

Un femicidio marca una ruptura global. Sybel Martínez, representante de Rescate Escolar, grupo ciudadano que trabaja en la prevención de todo tipo de violencia contra la niñez y la adolescencia, es clara: “los niños que pierden a sus madres, no pueden ser considerados como víctimas colaterales de femicidios. Son víctimas directas porque pierden a la razón de su ser y esta afectación es de por vida”.

¿Qué hace el Estado?

En Ecuador, sin embargo, 87 niños y adolescentes han quedado huérfanos por causa de femicidio. La mayoría corresponde a menores de 12 años y de este grupo 51 son mujeres. Este es el registro que desde junio de 2017 conserva el Servicio de Protección Especializada (SEPE) del Ministerio de Justicia, unidad que brinda ayuda a víctimas de violencia de género.

Lucy Blacio, viceministra de Justicia, indica que en la lucha por erradicar la violencia de género, esta cartera de Estado es el ente rector de la política pública. “El SEPE también articula a otras instituciones públicas que pueden brindar servicios a víctimas de violencia –dice la viceministra–. Coordina directamente con la Fiscalía para no revictimizar a las víctimas y se trabaja con las juntas cantonales de protección de derechos para que los niños huérfanos puedan contar con una familia ampliada”. Así se atiende a los 87 casos registrados desde 2017.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), en cambio, cuenta que solamente en lo que va del año y hasta el 3 de julio, 51 mujeres fueron víctimas de femicidio y ellas dejaron 62 niños y adolescentes en la orfandad. En la última semana, no obstante, una mujer fue asesinada en Daule y otra en Machala. Por ello, del estudio de la Cedhu se concluye que una mujer es asesinada, por el hecho de ser mujer, cada 86 horas.

De los 51 casos que ha analizado esta organización, únicamente dos terminaron en sentencia. Por ello, Sybel Martínez, de Rescate Escolar, sostiene que la lucha contra la impunidad es otro de los retos de la sociedad para detener la escalada de violencia.

Las abuelas maternas o las tías, en la mayoría de circunstancias, se hacen responsables de los niños en orfandad. Solo en cuatro casos –recuerda David Huaspa, Director de Relación con la Ciudadanía del Ministerio de Justicia–, las abuelas paternas se han hecho cargo, pues los padrastros son los femicidas.

¿Qué pasa con los niños que no cuentan con un familiar cercano? “Se buscan hogares acogientes, como una alternativa dispuesta por las Unidades judiciales de la niñez”, dice la viceministra Blacio. “Y los centros de acogimiento son una medida excepcional cuando no se encuentra una familia”.

Blacio explica que se hacen visitas domiciliarias y al entorno comunitario de los niños en orfandad, para privilegiar la cercanía afectiva. La viceministra cuenta también que se canaliza con el Ministerio de Inclusión Económica y Social la posibilidad de establecer un bono para familias acogientes, acciones de salud y acompañamiento sicológico y se ubica a los niños en los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir. (IFP)

Un acompañamiento a largo plazo

El Servicio de Protección Especial del Ministerio de Justicia cuenta con 44 oficinas a escala nacional. Hay al menos una dependencia en cada provincia, incluido Galápagos (revise la ficha de contactos telefónicos).

Esta unidad brinda primera contención entre los familiares que sobreviven a un femicidio. Se ofrece acompañamiento legal y se coordina con otras entidades para garantizar acceso a salud, seguridad, etc. Incluso coordina la derivación de casos en los cuales se requiere atención especializada en siquiatría.

Para Sybel Martínez, de Rescate Escolar, el abordaje que el Estado tiene que brindar debe ser integral. No solo pensar en la reparación mediante sentencias que impongan vagamente una indemnización. La atención y el acompañamiento –dice Martínez– debe ser de largo plazo y a todos los miembros de la familia que acoge a niños huérfanos.

Desde cooperación técnica, Plan Internacional trabaja con 700 grupos comunitarios de protección que ejercen veeduría a cómo la Justicia actúa frente a niños violentados.

51 femicidios en 2018

62 niños huérfanos

22 casos en indagación previa

20 casos en instrucción fiscal

7 femicidas se suicidaron

BUSCA AYUDA

Dinapen:

02 244 7070

Defensoría
del Pueblo:

02 382 9 670

Plan
Internacional:

02 244 4940

Fiscalía General
del Estado:

1 800 34 72 25

Servicio de Protección
Especial, Min. Justicia:

02 395 5840