RICARDO VERA CALDERÓN
Luego de las implicaciones penales a Correa relacionadas por el caso Balda, y por el informe de la Contraloría sobre el manejo de la deuda, se habla mucho de la judicialización de la política, dirigida a exterminar al anterior gobernante. Sin embargo, esta victimización no tendría lugar ya que es obligación de todo ciudadano común someterse a los procesos ordinarios de justicia si es que ha cometido un delito, así como a la auditoría de la Contraloría por haber sido servidor público.
Lo que sí debería llamar la atención son las razones por las que recién ahora sale a la luz tantas atrocidades. ¿Teníamos de Presidente a quien ordenaba secuestros?; ¿Bastaba un decreto para acomodar al antojo las cifras, y maquillar así los irresponsables endeudamientos?; ¿Será de creer que únicamente en el TCE se llegaría a pagar 20 mil dólares por crear una cuenta en redes sociales?
No cabe a estas alturas declarar víctima a quien hizo lo que le dio la gana en el ejercicio del poder por una década. Quién ha dicho algo sobre los cientos de familias que siguen afectadas por el terremoto, y a las cuales nunca les llegó ayuda. Ellos si son víctimas. Quién dice algo sobre los niños cuyas vidas fueron destrozadas por sus docentes violadores. Ellos si son víctimas.
El que abusó del poder para generar más poder, tiene que ser juzgado. El que insultó nuestra inteligencia a través de artificios legales poco transparentes, para dejarnos con una deuda millonaria, debe ser juzgado. El que con su omisión dejó robar millones, debe ser juzgado. El que ahora demuestra haber tenido triple moral, debe ser juzgado. De allí a que haya algunos que todavía creen en el diablo y su cuento devaluado, es ya otra historia.