Contraloría analizará el proceso y el destino de 1.200 millones que el pasado Gobierno traspasó a esa entidad.
“Más de 1.200 millones de dólares, correspondientes a 200.000 personas, fueron incautados injustamente por el Gobierno de Correa. El dinero privado fue traspasado sin ningún sustento al Biess”. Esa fue la principal razón que dio Norma Quispe, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio, para haber pedido una auditoría a todos estos traspasos.
Por esto, el contralor subrogante, Pablo Celi, anunció ayer que, luego de un análisis de las múltiples denuncias presentadas, el organismo que dirige iniciará un examen especial a 69 fondos previsionales de cesantía y jubilación que fueron trasladados.
“Las investigaciones tendrán énfasis en dos aspectos. Por un lado, el proceso de traspaso y su sustento legal y, por el otro, la administración de los recursos. Además, se analizarán las auditorías con base en las cuales se sustentaron las resoluciones de traspaso, la reserva sobre el contenido de estas auditorías y los límites de acceso de los partícipes en el proceso de resolución”, puntualizó Celi. En este sentido, el examen especial abarcará el periodo del primero de junio de 2014 al 30 de junio de 2018, y se enfocará en las instituciones reguladoras y administradoras de los recursos, como el Biess y la Superintendencia de Bancos.
EL DATO
En 2014 se determinó el traspaso de los fondos. Quispe comentó que el objetivo de esta auditoría, pedida por representantes de varios fondos en una reunión del 5 de julio con el Contralor, es que se determine con claridad que ese dinero es privado y que nunca debía traspasarse sin la autorización de maestros y trabajadores.
“Confiamos que nuestro dinero, nuestros ahorros nos sean devueltos. También esperamos que se investigue la administración de los gerentes nombrados por el IESS”, aseveró.
Contexto
Según denuncias de los representantes del Fondo de Cesantía del magisterio, a pesar de que se han seguido recaudando alrededor de 10 millones anuales, se han perdido 35 millones y pasó de 405 millones a 370 millones de dólares.
200
MIL
personas son propietarias de estos fondos.
Celi recalcó que se investigará la integración de los consejos de administración, la venta de cartera, la administración de bienes y patrimonio, y la inversión de los recursos.
El examen especial se extendería por un máximo de 90 días y, mientras dure, estará abierto para que otros sectores presenten sus denuncias. Al momento, los representantes de 25 de los 69 fondos ya han aportado documentación. (JS)
Los examinados
° Entre los principales fondos auditados están el patronal de jubilación especial de Petrocomercial, de funcionarios y trabajadores de los oleoductos, Cesantía de la Función Judicial, Banco Central, Consejo Provincial de Pichincha, Comisión de Tránsito, Unión Nacional de Educadores, Municipio de Quito, Banco Central, Cesantía del Magisterio, Contraloría, Fuerzas Armadas, Procuraduría y Banco de Fomento.
También se incluyeron empresas públicas como Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), TAME, Flopec y universidades como la de Loja, Cuenca, Técnica de Ambato y Central.