El Comité Internacional de Protección de Periodistas asegura que hay mejor relación, pero falta hacerlo oficial.
El nuevo ambiente de libertad de prensa que vive el país debe concretarse en las reformas a la Ley de Comunicación. Esa fue una de las principales conclusiones de Natalie Southwick y Carlos Martínez de la Serna, representantes del Comité Internacional para la Protección de Periodistas (CJP, por sus siglas en inglés).
Una delegación de la organización visitó el país en marzo y ayer presentaron los resultados. Southwick, coordinadora del CPJ para Centroamérica y Sudamérica, declaró que, después de una década de atropellos contra la prensa emprendidos por Rafael Correa, el Gobierno de Lenín Moreno se ha alejado del camino de la represión.
Sin embargo, consideró que aún falta un largo camino por recorrer para reconstruir una prensa libre. Enfatizó que es necesario que haya cambios a la normativa. “Mientras exista la Ley actual los periodistas se enfrentan a los mismos riesgos; que cualquier político pueda utilizarla para amenazar”, dijo Southwick.
4
meses han pasado desde la visita de este organismo al país. Agregó que entre los logros alcanzados por el actual Gobierno está el de marginar a la Superintendencia de Comunicación (Supercom) al punto de proponer su eliminación en el proyecto de Ley. Alentó al Gobierno a seguir por ese camino.
El CJP espera que el Gobierno mantenga su promesa de promulgar esas reformas antes de fin de año.
Los cambios
Martínez de la Serna, director de Programas, aseguró que en los últimos 10 años Ecuador se convirtió en uno de los lugares más represivos para la prensa de toda América Latina. Y que el giro que le dio Moreno es la oportunidad para que la libertad de prensa se convierta en un modelo para otros países de la región. “Para eso es necesario desmontar el sistema de represión que se ha dado en los últimos 10 años y hacen falta pasos muy concretos”, aclaró.
5
años de vigencia tiene la Supercom. En el debate público está la posibilidad de que, eliminada la Supercom parte de sus capacidades pase a la Defensoría del Pueblo. Para Martínez, el principio que debe mantenerse es que no puede haber un organismo sancionador sobre la prensa. “Cuando existe un problema de cualquier tipo con la prensa se acude a los tribunales, como en cualquier otro país. No hace falta un organismo especial”, manifestó.
César Ricaurte, director de Fundamedios, considera que si hay algún indicio de que en el proyecto de reformas se quiera dar a la Defensoría del Pueblo algunas de las atribuciones de la Supercom, debe ser aclarado en la propuesta final.
“De lo que hemos analizado, se desmonta completamente el régimen de sanciones de la Ley y no nos parece que exista ninguna oportunidad para que la Defensoría del Pueblo se convierta en un ente sancionador. Se ha avanzado en conversaciones en el debate para que se restrinjan las menciones a esa entidad en las reformas”, dijo Ricaurte. (HCR)
Las recomendaciones
Del informe especial
° Que la Presidencia y la Asamblea trabajen para aprobar las reformas antes de finales de año.
Que los funcionarios garanticen a los periodistas el acceso a información gubernamental y faciliten entrevistas sin condiciones ni limitaciones.
° Que el Gobierno coopere con el Equipo Especial de Seguimiento que investigará el secuestro y el crimen del equipo de El Comercio.
Recomienda a los funcionarios públicos que se abstengan de presentar denuncias penales por difamación contra periodistas.
° Que derogue todas las disposiciones penales sobre la difamación.