En Justicia se respiran nuevos aires. En el despacho de la Presidenta de la Corte Nacional, muchas cosas han cambiado. Hay helechos, crotos y una palmera. El canto de un mirlo, desde un reproductor, imprime un ambiente diáfano. Y en la mesa, junto al icónico martillo de un juez, una rosa roja abre sus pétalos.
Pero también trasluce el orden de una serie de carpetas. En ellas se conserva la memoria de decenas de reuniones interinstitucionales y con la sociedad civil que Paulina Aguirre, principal autoridad de la Función Judicial, ha mantenido en la última semana.
La lucha contra la corrupción, el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa y la evaluación a los jueces son algunos de los temas que la Presidenta de la CNJ revisa con La Hora.
Antier se reunió con Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para definir un protocolo de recuperación de activos dentro de casos de corrupción. ¿Cuáles son las observaciones de la CNJ?
El objetivo se concentra en un proceso de recuperación de activos. Nos reunimos con representantes de la Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura (CJ) y la CNJ como autoridad central en el tema. Se planteó la posibilidad de realizar un tratado con Panamá, para ver la posibilidad de recuperar algunos activos que la UAFE ha detectado allá.
Otra reunión clave en su agenda reciente fue con Cancillería para tratar los procesos de extradición. ¿Cómo avanza esta gestión?
Es un tema de cooperación interinstitucional con la Fiscalía, la Cancillería, la CNJ y está avanzando. El lunes recibimos una comunicación del Embajador de EE.UU. en la cual manifiesta que mantendremos reuniones, a través de Cancillería, para revisar todas las extradiciones que tenemos pendientes.
¿En todo el mundo son más de 100 procesos?
Son 111 activos y 32 pasivos. De esta cifra, 44 extradiciones están solicitadas a EE.UU. y vamos a revisar qué requisitos nos faltarían para completar el proceso, debiendo entender que no todo depende de la Presidencia de la Corte Nacional, porque hay documentación que se debe recabar de los juzgados.
¿Cómo se ha avanzado en el proceso de extradición del expresidente Correa?
A la Presidencia de la CNJ no la han solicitado. La jueza a quien le corresponde, la Dra. Camacho, ha pedido a Interpol pero aún no se canaliza a través de Presidencia.
Usted también estuvo en la Asamblea para hablar de los códigos orgánicos General de Procesos y de la Función Judicial. ¿Qué observaciones plantea la CNJ?
Como presidenta de la CNJ fue muy satisfactorio poder expresar la opinión de los operadores de justicia. Llevé algunas inquietudes relacionadas, por ejemplo, con el error inexcusable. Considero que debe mantenerse esa figura, pero ese error debe ser declarado previamente por un juez superior en grado, dentro de un proceso, para que luego de eso se inicie el expediente administrativo en el CJ.
Dentro de las observaciones sobre el error inexcusable ¿la idea es reducir el margen de discrecionalidad en la aplicación de la sanción?
Precisamente es eso. En la propuesta ya se definen doctrinariamente los parámetros del error inexcusable, pues no lo estaban y eso fue un error craso. Esto evita que sea la autoridad administrativa quien inicie directamente el proceso. También sugerí que el juez a quien se le inicie un proceso tenga derecho a la defensa, con una audiencia pública.
¿Esta es la única figura sancionatoria que merece observación? ¿Hay alguna preocupación, por ejemplo, sobre la manifiesta negligencia?
No, porque parte de eso también está definido en la propuesta.
En la relación CNJ-sociedad civil ¿cuál es la hoja de ruta para que siga tomando cuerpo la ley de erradicación de la violencia contra la mujer?
La ley se está aplicando pero no en el contexto en el cual está previsto. No se había contado con los operadores de justicia. Se requieren más jueces.
Se requiere también una sensibilización para jueces que ya existen…
Se había planteado que en segunda instancia también actúen tribunales de violencia especializados y que en casación esos procesos vayan a la sala de la familia y no a lo penal.
¿Para evitar qué ?
Para procurar la especialidad en el tema, especialidad que está consagrada en la Constitución. Hay muchos jueces multicompetentes y debería procurarse regresar a la especialidad.
¿Qué criterio hay desde la CNJ sobre el proceso de evaluación de jueces que le compete al CJ?
En días anteriores dirigí una comunicación al Presidente del CJ. La evaluación es una de las facultades del Consejo y está prevista en el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, la forma de hacerlo está regulada por la Constitución y la periodicidad está prevista en el artículo 87 de dicho Código, entendiéndose que la periodicidad es para los jueces de carrera. Entre los jueces que estamos en la CNJ, muchos venimos de carrera, como yo que tengo 30 años en la Función Judicial. Al venir la Corte, hemos perdido la carrera. Los jueces de la Corte, por mandato constitucional, tenemos períodos fijos, con renovación parcial de la primera Corte de 2012. No obstante, la Corte está dispuesta a ser evaluada. Hemos pedido parámetros claros en el marco de la Constitución. El tema de la corrupción es otro caso. La lucha en la cual está el Consejo de la Judicatura es la misma de toda la Función Judicial, de la cual soy su representante. Consideramos que las denuncias deben investigarse y sancionarse, pero no se puede generalizar a toda la Función, porque se está vulnerando el buen nombre de jueces y juezas que estamos comprometidos con el sagrado deber de administrar justicia.
¿La evaluación no implicaría entrar a revisar sentencias?
Parte de la seguridad jurídica de un Estado es la independencia judicial. Y he escuchado que no se ha evaluado la calidad de las sentencias. En el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia en 2012 ya hubo un estudio cualitativo y cuantitativo. También es un poco subjetivo calificar la calidad de las sentencias. Habría que escuchar cuáles serían los parámetros, porque no conocemos nada oficialmente hasta el momento. Hemos escuchado que se hará desde parámetros internacionales.
¿Desde qué sistema?
Tendríamos que conocer desde qué sistema, si son especialistas, si conocen nuestra legislación… Los parámetros internacionales indican que un juez no puede conocer más de 300 sentencias al año; nosotros tenemos muchas más. Los jueces de primer nivel, por ejemplo, tienen entre 1.500 y 2.000 causas y por ello hay que conocer el contexto. Pero nosotros de ninguna manera nos oponemos a la evaluación, porque somos servidores públicos.
¿Qué señal da al país una Presidenta de la CNJ en diálogo permanente con otras autoridades y con sociedad civil, cuando esta predisposición en otros momentos era poco habitual?
La señal que doy es de trabajo y transparencia. Soy jueza más de 25 años, servidora judicial durante 30. En 2012, por ejemplo, recibimos en la Corte 17.725 causas, muchas de los años 70 y 80, y hasta finales de ese año resolvimos casi el 50 por ciento. Ahí está nuestro trabajo. (IFP)