Con coraje y lágrimas, Patricia Ochoa se quejó ayer en la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, porque, según dijo, el Gobierno, la Legislatura, los organismos de control y la justicia le han escamoteado la verdad ante la muerte de su esposo, el excomandante de la FAE, Jorge Gabela, en 2010.
Su exposición giró en torno a la necesidad de conocer quiénes fueron los que persiguieron y ejecutaron al general, y quiénes burlaron o quieren burlar las investigaciones que sobre el tema se levantaron después del asesinato en Guayaquil.
Una de las hipótesis que se maneja es la falta transparencia en la compra de varios helicópteros Drhuv, a la que siempre se opuso Gabela, y que terminaron en siniestros aéreos y con las vidas de sus tripulantes.
Patricia Ochoa pidió que las distintas exautoridades civiles y militares, que conformaron el Comité Interinstitucional, sean llamadas a la Asamblea, incluso el mismo expresidente Rafael Correa, “quien conocía de la persecución a la que era sometido” el oficial de la Fuerza Aérea.
Dos fiscales generales conocieron las indagaciones: Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno, varios ministros de Defensa, de Justicia, entre otros.
La viuda de Gabela solicitó la contratación de peritos internacionales para que investiguen el proceso de compra de los helicópteros, así como las cuentas de varios oficiales. En un informe del excontralor Carlos Pólit “desparecen curiosamente nombres de generales que participaron en los contratos”.
De su lado, el abogado de la familia Gabela Ochoa, Ramiro Román, especificó que este caso reúne las condiciones técnicas para que sea considerado como un crimen de Estado.
César Litardo, presidente de la Comisión, señaló que en el plazo de 60 días serán llamados a comparecer distintas exautoridades que conocieron este hecho. El respectivo informe será enviado a la Fiscalía. (SE)