Redacción LOJA
La designación de Piedad Pineda Ludeña como vicealcaldesa del cantón Loja el miércoles 9 de agosto de 2017, a las 18:00, (hoy alcaldesa titular tras la revocatoria de José Castillo Vivanco) fue declarada nula, hoy, viernes 20 de julio de 2018, por el Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que admitió la demanda de inconstitucional que Franco Antonio Quezada Montesinos planteó a la nominación.
El veredicto fue leído, a las 14:35, por Isauro Borrero Salgado, juez ponente del Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y Tributario de Loja. En la resolución se admitió que la designación de Piedad Pineda Ludeña como vicealcaldesa es ilegal y si ella pretende mantenerse en el cargo podría estar sujeta a demandas penales.
El Dato
La Hora intentó estar tarde recabar un criterio de Piedad Pineda, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.El lunes 9 de julio se desarrolló la audiencia de juicio que planteó Quezada Montesinos para que se lo restituya como vicealcalde de Loja. “Reclamamos un derecho que le corresponde a la ciudadanía y que permanentemente esta administración ha venido violentando en todos los actos del alcalde que ya fue revocado”, dijo ese día el edil.
“Siempre he sido el vicealcalde de Loja y la votación que democráticamente nos dieron en las urnas lo confirma. Soy el concejal más votado y eso me permitió acceder a la vicealcaldía en la sesión inaugural como determina el Art. 317 y no a mitad de período como ilegalmente se dio porque se venía un proceso revocatorio”, dice Quezada Montesinos.
La sentencia será notificada por escrito y si la parte demandada accede a un recurso vertical y extraordinario como es el de casación el veredicto no podría ejecutarse, pero Max Ochoa Jiménez, abogado de Quezada Montesinos, explica que la sesión del miércoles 9 de agosto de 2017 fue ilegal y los actos que se han desempeñado son ilegales.
“Quien es el verdadero alcalde es el señor Franco Quezada Montesinos y se lo demostró en el ámbito judicial. Si se propone un recurso de casación los señores que están violentando el derecho de Franco tendrían que atenerse a las instancias legales correspondientes porque según el COIP es una usurpación de funciones”, dice Ochoa Jiménez. (NAZ)