Varios informes de Contraloría fueron remitidos a Fiscalía, que tiene 90 días para investigar el presunto peculado.
Los planes del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado cambiaron de un día para otro. Quería viajar de Ghana (África), donde dice que está trabajando “en una empresa que me ofrece estabilidad laboral hasta finales de este año”, hasta Ecuador. Así lo hizo saber a Fiscalía en un comunicado.
Todo pasó el miércoles. Alvarado fue escoltado por la Policía desde Manta hasta Quito por la mañana. Por la tarde, a las 16:30, rindió su versión en la Fiscalía, que investiga el presunto delito de peculado que habría cometido cuando estaba a cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación, durante el Gobierno de Rafael Correa.
Horas más tarde, alrededor de las 23:00, la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, formuló cargos en su contra por un presunto perjuicio de 250.000 dólares. A las 24:00 se instaló la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, a cargo de Silvia Sánchez.
La jueza le impuso prohibición de salida del país, presentación cada 15 días desde el 24 de agosto y el uso del ‘grillete’ electrónico, que le fue colocado al final de la diligencia.
¿Por qué perdió Alvarado la posibilidad de regresar a África? La Fiscalía abrió una investigación después de que la Contraloría entregó varios informes con indicios de responsabilidad penal. El exfuncionario habría inobservado la Constitución, la Ley de Contratación Pública y su reglamento, al contratar a empresas para los servicios de las sabatinas de Correa sin cumplir con las normas.
“Se trata de varios informes, por las sabatinas y otros elementos más, en los que la Contraloría ha observado contrataciones que tenían que ver con distintos tipos de eventos y empresas”, dijo ayer el contralor, Pablo Celi. Estos informes conllevarían glosas para los involucrados.
Las irregularidades
Uno de esos informes es el DNA4-0007-2018, en el que se hizo un examen a los contratos y los gastos realizados por la Secom entre el primero de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017. De allí se desprenden ocho aspectos en los que la Contraloría realizó observaciones.
EL DATO
El exsecretario nacional de Comunicación deberá presentarse ante el presidente de la Corte Provincial del Guayas. Una es la contratación de la empresa Satre Comunicación Integral para realizar una consultoría para el mejoramiento de las sabatinas por 58.240 dólares. Se realizó sin “la solicitud formal del servicio”. Además, las actas de entrega recepción “no justificaron su conformidad y legalidad previo al pago”.
Otra contratación observada fue la de un técnico en audiovisuales con título de bachiller en Ciencias Químicas Biológicas y no de tercer nivel, como especificaba el requisito legal. Además, los productos que realizó fueron entregados a la empresa Gota Azul, que también tenía un contrato con la Secom, y que los usó como si fueran propios. A él se le pagó 12.000 dólares más IVA.
Igualmente, constan irregularidades en los costos adicionales del servicio de transporte a una empresa contratista, un contrato complementario para las sabatinas sin cumplir parámetros legales, entre otros.
Cuestionamientos
“Los 250.000 por los que le investiga a Fernando Alvarado son solo una parte de los grandes perjuicios que la Secom le causó al país en la década del correísmo. Habrá que seguir enlistando contratos, acuerdos, quiebras de canales incautados…uff! La lista es larga”. Ese fue el criterio de la asambleísta Ana Galarza en su cuenta de Twitter.
10
expedientes tiene Alvarado abiertos en la Fiscalía. En la misma red social, Jeannine Cruz cuestionó la conducta de Alvarado que, por un lado, habrían perjudicado al Estado y, al mismo tiempo, “llamaba ‘corrupta’ a la prensa, perseguían inocentes y acababan con la dignidad de luchadores sociales”.
Al contrario, asambleístas afines al expresidente Correa criticaron la rapidez con la que se realizó la acusación. El mismo criterio tuvo el abogado de Alvarado, Fausto Jarrín.
Sobre esto, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, dijo que tiene que pronunciarse la jueza porque es un tema jurisdiccional. “Siempre he sostenido que la independencia nace de cada juez”, señaló.
Alvarado, por su parte, declaró telefónicamente que no ofrecerá declaraciones sobre el tema. (AGO)
Lo que se viene
° La Fiscalía tiene 90 días dentro de la instrucción fiscal para recabar información sobre el caso, entre rendiciones de versión y solicitudes de información escrita. A la par, también tiene abiertas indagaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.