Esto también consta en el informe de su evaluación. Jueces presentarán su defensa pasado mañana.
Los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) están convocados para este viernes a la audiencia, en la que deberán exponer sus alegatos de defensa. Esto, frente al informe de evaluación elaborado por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, que concluye que el organismo vulneró derechos ciudadanos.
El Pleno del organismo transitorio fijó ayer la fecha y dispuso que la audiencia se cumpla en dos jornadas, debido al número de comparecientes y a que cada uno de ellos tendrá 30 minutos para intervenir.
El presidente de la CC, Alfredo Ruiz, solicitó que se extienda el plazo para presentar sus pruebas de descargo, que venció el lunes, por lo que podrá hacerlo hasta mañana, con la obligación de presentarse a la audiencia.
“El plazo para la evaluación está por terminar y no podemos prorrogarlo indefinidamente”, justificó Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio.
El informe
El informe de evaluación al que tuvo acceso La Hora establece el estado de 14 demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales u otras instancias en contra de leyes o decretos ejecutivos. Demandas que en algunos casos fueron presentadas desde 2011. 10 de esas demandas aún están en trámite.
EL DATO
Luego de la audiencia el Consejo anunciará su decisión. Por ejemplo, una al reglamento de la Ley de Educación Superior, presentada en 2015. Después de haber sido admitida a trámite, no se ha informado sobre el sorteo de la causa, un juez ponente o de algún acto de sustanciación.
Lo mismo ocurre con las presentadas por la Ley de Salud, en 2014; o por el Código de la Niñez (2015), donde se realizó la audiencia pública el 9 de febrero de 2017 pero hasta la fecha no hay sentencia. Otras dos demandas se encuentran sin estado de admisión y dos fueron resueltas.
Los criterios
En las últimas semanas, la Corte Constitucional ha dictado sentencia sobre las enmiendas constitucionales, el techo a las utilidades de los trabajadores, entre otros casos que tuvo también represados durante mucho tiempo en esta Corte.
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jornadas comprenderán la audiencia de defensa. Por la mañana y por la tarde. Para la analista política Verónica Albuja estas sentencias no son más que el resultado de la evaluación a la que están sometidos y la falta de pronunciamiento oportuno se debe a que obedecían al Gobierno de turno, por lo que nunca tuvieron en cuenta la situación legal y jurídica del país.
“Están demostrando que no tenían independencia y que no podían velar por la vigencia de la Constitución y los derechos de los ecuatorianos”, dijo.
Recordó que, al no haber tratado temas de impacto social en el momento oportuno, generó la movilización ciudadana que exigía un pronunciamiento.
“En el caso de las enmiendas constitucionales, hubo protestas, marchas, que demostraban que era inconstitucional. Y luego de unos años la Corte se pronuncia y les da la razón”, agregó.
30
minutos tendrá cada juez para exponer sus puntos. De su parte, el jurista Antonio López considera que la “inercia y la desidia” de la CC no garantizan la plena vigencia de la seguridad jurídica. “Es inaceptable que el país tenga que ajustarse a los criterios coyunturales de la Corte. (…) Está jugando a la coyuntura política, a la coyuntura de su estabilidad, como jueces, y no a los verdaderos derechos constitucionales”, dijo. (HCR)
Recursos humanos
° Según el informe, hasta mayo de 2017, la Corte Constitucional tenía 297 trabajadores en nómina, de los que 66 estaban concentrados en los despachos de los jueces. Cada juez puede tener como asesores directos a un máximo de cuatro personas.
“A primera vista, ninguno de los jueces incumple con esta normativa porque tienen máximo un asesor por despacho. Sin embargo, todos los jueces tienen entre tres y cuatro ‘expertos constitucionales jurisdiccionales’ o ‘profesionales constitucionales jurisdiccionales’, que aunque no constan como asesores, cumplen esta función y sus sueldos corresponden en la escala del jerárquico superior a los cargos de asesores 3 y 4, que ganan 2.734 y 2.418 dólares”, consta en el informe.
Se agrega que de los 48 expertos constitucionales jurisdiccionales que trabajan en los despachos de los jueces y en la Secretaría Técnica Jurisdiccional, al menos 19 no tienen registrados títulos de cuarto nivel.