Los informes del Consejo de Participación revelan cómo lograron que los ‘verdeflex’ coparan todo.
“Los procesos de selección con los que se nombró a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) estuvieron llenos de anomalías, irregularidades, ilegitimidades e ilegalidades. Además, violaciones expresas a la Ley”.
Esa es una de las conclusiones del informe de evaluación, dentro del parámetro de ‘Legitimidad del cargo’, elaborado por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana.
En el documento se explica que la mayoría de problemas se repite tanto en la selección de los jueces de la primera CC, en 2012, como en su renovación parcial en 2015.
6
años han pasado desde que posesionó la primera Corte analizada. Los integrantes del Consejo de Participación involucrados en el proceso de designación de la primera Corte fueron Marcela Miranda, Fernando Cedeño, Tatiana Ordeñana (hoy jueza constitucional), Mónica Banegas, Luis Pachala, Andrea Rivera y David Rosero. Los cuatro primeros tenían conflicto de intereses por algún grado de vinculación con el Gobierno de Rafael Correa, según el informe.
Pero no termina ahí: la designación de los jueces se cumplió a través de un concurso a través de una comisión calificadora que, según el reporte, estaba integrada por personas que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley o que tenían claros vínculos con autoridades del Gobierno de ese entonces.
Por ejemplo, en esa comisión estuvo Pamela Martínez Loaiza (actual jueza constitucional), quien hasta entonces se había desempeñado como asesora de Correa y fue su delegada.
10
demandas de sectores sociales siguen estancadas en la Corte. Para el examen de conocimientos, la comisión designó una nómina de catedráticos para que asesorara en la elaboración del banco de preguntas. “Entre estos nombres destaca el del Dr. Caupolicán Ochoa, por parte de la Universidad de Cuenca, quien fue uno de los encargados de preparar preguntas de opción múltiple. Para ese entonces, el Dr. Ochoa había actuado como abogado del entonces presidente Correa”, consta en el informe.
Con el proceso de renovación parcial de 2015, también cuestionado en el informe, se integraron al organismo constitucional Roxana Silva, Francisco Butiñá y Pamela Martínez. “Fueron personas allegadas a la Función Ejecutiva, de acuerdo con sus propias hojas de vida”, según la investigación.
Un hilo conductor
“Sin la existencia de una comisión imparcial y con procesos de selección llenos de irregularidades y de subjetividades, la legitimidad de los nueve jueces es cuestionable”, es otra de las conclusiones del informe sobre la Corte Constitucional.
EL DATO
La audiencia para defensa de los jueces será mañana.Pero esto define un patrón. Idénticas observaciones constan en otros informes de evaluación de autoridades hoy ya cesadas. En el caso del anterior Consejo de la Judicatura, quienes los designaron fueron los mismos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana antes mencionado.
La mayoría de ellos no cumplían con las garantías de independencia y objetividad, con lo que “al designar a los vocales del Consejo, tampoco gozaba de la independencia requerida para el ejercicio sus funciones”.
El informe de evaluación estableció que los miembros de la Judicatura tenían conflicto de intereses para el ejercicio de los cargos, ya que fueron cercanos colaboradores del Gobierno de Correa.
Historia que se repite en la designación de las exautoridades del Consejo Nacional Electoral, nombrados por los mismos funcionarios del Consejo de Participación cesado. Consta también que la Comisión de selección no cumplió con la garantía de imparcialidad, ya que también sus integrantes mantenían conflicto de intereses, mientras que la veeduría no presentó su informe. (HCR)