Las audiencias se realizaron en dos jornadas ante el Pleno del Consejo transitorio. Dos juezas no acudieron.
Cuatro de los nueve jueces constitucionales evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, dijeron que ese organismo no tiene competencia para realizar ese procedimiento con la Corte Constitucional.
En la audiencia Tatiana Ordeñana, Marien Segura y Francisco Butiñá señalaron que su nombramiento no se produjo en el Consejo de Participación Ciudadana cesado, sino que hubo un procedimiento a través de una comisión calificadora integrada por delegados del Ejecutivo, el Legislativo y de Transparencia.
En ese sentido, Butiñá dijo que la única instancia que puede cesar en funciones a los jueces de la Corte Constitucional, es el propio Pleno de ese organismo con el voto de las dos terceras partes.
Pamela Martínez no asistió a la audiencia, pero a través de una carta remitida al organismo transitorio, les informó: “No me prestaré al juego político que sugiere su proceder de evaluar a jueces constitucionales, y luego a la designación directa y sin concurso previo de nuevos jueces”. Tampoco asistió Ruth Seni y no remitió comunicado alguno de su inasistencia.
Argumentos de magistrados
En tanto, en la exposición oral de sus argumentos de descargo frente al informe de evaluación, los magistrados hablaron de diferentes matices.
Ordeñana negó que como parte del Consejo de Participación de 2012 haya tenido conflicto de intereses para ocupar el cargo de jueza. “No he sido autoridad designadora y designada, dicha afirmación no corresponde a la verdad”, manifestó.
Por su parte, Segura en todo momento apeló al discurso del derecho que tienen las minorías étnicas para acceder a altos cargos. “Es necesario destacar que mi participación en el sector público responde a mi esfuerzo personal y mérito como mujer de raza negra, que representa la lucha constante por espacios de participación”.
EL DATO
El Pleno del Consejo transitorio tiene hasta cinco días para emitir su fallo cesándoles o ratificándoles en los cargos, que puede ser impugnada.Butiñá hizo énfasis en el derecho al trabajo que tienen todas las personas, ya que afirmó que ha laborado en el sector público ocupando distintos cargos desde el Gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), con lo que descartó que haya tenido vinculaciones con Rafael Correa.
Roxana Silva les contó a los consejeros la serie de trabas que encontró en su postulación al primer Consejo de Participación Ciudadana transitorio y al ex Consejo Nacional Electoral, dificultades con las que, manifestó, podría escribir un libro.
Mientras que el presidente de la Corte, Alfredo Ruiz, cuestionó el informe y dijo que, de aprobarse, puede traer consecuencias jurídicas nacionales e internacionales.
Causas represadas
Todos los jueces coincidieron que no es su culpa el hecho de que en sus despachos tengan tantas causas represadas, ya que hay una disposición verbal de que cada una de ellas solo se remitan a la Secretaría dos proyectos de resolución por semana para su tratamiento en el Pleno. También descartaron la apertura de indagaciones en la Fiscalía por lavado de activos o que, en el tema de prevaricatos, no han sido notificados. (HCR)
Cuestionamientos
° Pablo Dávila cuestionó a Ordeñana el que diga que no hubo conflicto de intereses en su designación en 2012. Le interrogó sobre las fechas en la que estuvo en el Consejo de Participación y la de su posesión en el cargo de jueza. Ella trató de explicar que no ejerció dos funciones simultáneamente, aunque no lo logró. Tras un cruce de fechas, la conclusión de Dávila, con base en lo dicho por Ordeñana, fue: “Usted renunció (al Consejo de Participación) el 5 (de noviembre de 2012), se posesionó como magistrada el 6, pero finalmente su renuncia fue aceptada el 8. (…). Queda claro, al menos, que durante dos días usted fue miembro de dos organismos públicos”, increpó el consejero.
Algo parecido sucedió con Silva, quien reconoció que sigue siendo accionista minoritaria de Cervecería Nacional y que cuando esta causa estuvo en su despacho tardó cinco meses de excusarse.
Una pregunta general fue por qué en las últimas semanas habían tratado temas sensibles, como las enmiendas constitucionales, el de la niña Satya o Chevron, a pesar de que tenían varios años de ingresadas a la Corte Constitucional. Los jueces señalaron a Alfredo Ruiz, su presidente, como el responsable de eso, pues es su potestad el poner esos temas en la agenda.